Herme Juárez volvió a tomar el control personalmente en la Cooperativa de Trabajadores de Puerto General San Martín, tras pasar casi seis meses preso bajo proceso por asociación ilícita, extorsión, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, entre otras acusaciones. Lo curioso es que una gran cantidad de trabajadores portuarios y vecinos de la ciudad lo fueron a saludar a la sede de la entidad como si estuvieran ante el patrono de la ciudad.  

El primer día hábil del año judicial el juez federal Adrián González Charvay ordenó excarcelar bajo caución juratoria al secretario general del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (Supa).  Juárez conduce dicho sindicato desde hace 50 años y es presidente de la Cooperativa de Trabajadores de Puerto General San Martín, que emplea a los operarios en las terminales agroexportadoras. Es decir, que se ubica de los dos lados del mostrador.

Y ya en libertad hizo declaraciones a la prensa: "Lo que me pasó fue sorpresa. Un día vinieron 500 gendarmes, me pusieron las esposas y me llevaron. No entiendo, no tengo rencor ni odio. Tengo todo declarado como corresponde, no me pueden averiguar nada, y si lo hacen encontrarán que cumplo con mis obligaciones muy bien, todo acorde a la ley, soy un empresario y no puedo hacer las cosas mal. Ya me revisaron y no me encontraron absolutamente nada. No se si me quisieron voltear. Tal vez me llevaron a que me tome vacaciones. No se", dijo por Radio 2. 

La liberación de Juárez se hizo efectiva tras constatar el juez que “no poseía orden judicial restrictiva de su libertad emanada de otro juzgado”, ya que consideró que el referente portuario no constituye un peligro para el desarrollo del proceso, ni por el riesgo de evadirse de la Justicia ni de entorprecer el proceso.

Si bien en libertad, Juárez continúa vinculado en el proceso judicial, deberá mantener su domicilio y cumplir una serie de exigencias legales. Por lo pronto mantiene el respaldo de sus trabajadores. Tanto el sindicato como la Cooperativa están intervenidas por la justicia y con la designación de un nuevo interventor por al menos 120 días.