Una sociedad agredida
El gobierno nacional intentó como pudo absorber el golpe que le dio esta semana la Corte Suprema, dejando sin efecto el tarifazo del gas e indicando que el mismo camino seguirían las boletas de luz. El máximo tribunal no tenía mayor margen que hacer lo que hizo: Intentar una decisión lo más salomónica posible frente a un gobierno que no entendió razones en este tema y que demostró que poco o nada le importaba poner a millones de usuarios en Argentina en situación de quebranto.
El presidente Macri prácticamente no opinó sobre la decisión de los supremos y envió a sus ministros Aranguren, Peña y Garavano a juntar los restos de lo que quedaba de su agresiva política energética. Cambiemos hizo eje en la convocatoria a las audiencias públicas como asignatura pendiente y las convocó rápidamente. Pero dejó de lado otra parte sustancial del fallo de la Corte que le pidió incrementos “razonables” para el futuro. Esa fue la línea argumental de todos los fallos de luz y gas en primera intancia: Señalar que los incrementos dispuestos por el gobierno estaban “fuera de la realidad”. Es un concepto duro, una crítica certera para un gobierno que ha demostrado estar en esa situación en muchos de los temas centrales de la política nacional.
Por otra parte, y ya en la provincia de Santa Fe el tema de la semana se alejó un poco del foco en los tarifazos para colocarse en otro flagelo urgente y permanente en este territorio. La inseguridad volvió a tener nombre y apellido, víctimas fatales, familias destrozadas por la violencia inusitada en robos y crímenes de todo tipo. Al punto que obligaron al ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro y al gobernador Miguel Lifschitz a declarar la emergencia en seguridad en todo el territorio.
La gestión actual tampoco acierta, como sus predecesoras, no ya en lograr la solución integral al problema sino siquiera en poner freno a una ola que se cobró 24 muertes en un mesa, casi un muerto por día en situaciones violentas en el departamento Rosario.
El Ejecutivo provincial encontró un lugar para descargar en parte su entera responsabilidad en el tema. Desde el ministro de Justicia Ricardo Silberstein al propio Pullaro, apuntaron a la justicia en base a que varios de los recientes asesinos habían tenido ya condena y vieron morigeradas sus prisiones. El titular de Seguridad, en la emergencia, decidió ser frontal como nunca. En este tema “ninguno de los que tenemos responsabilidades podemos hacernos los boludos”, disparó. Como sea, al corto plazo, todos los poderes del Estado deberán mostrar algún grado de eficacia en la materia ante una sociedad que mira impávida cómo mueren vecinos casi a diario en situaciones violentas.