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Hacia fines de 2010, Álvaro Uribe era uno de los líderes con mejor imagen y mayor popularidad en Latinoamérica, sólo superado en la región por el brasileño Luis Inazio Lula Da Silva. Ambos gobernaron sus países de manera contemporánea. Ambos se constituyeron en el centro del escenario político al cual dividieron y polarizaron. Ambos pudieron imponer a sus sucesores. El colombiano es conservador, el brasileño progresista. Los dos cayeron en desgracia y en ambos casos a manos del Poder Judicial. Lula cayó primero y pese a que hoy goza de una libertad transitoria, está acorralado por procesos judiciales y no goza del favor del Poder Ejecutivo. Uribe por el contrario, es senador en ejercicio. Además es reconocido como mentor y amigo del actual presidente Iván Duque. Ese poder que conserva, explica en buena medida lo que sucedió la última semana.

¿Qué pasó en Colombia?

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó el martes pasado el arresto domiciliario para Álvaro Uribe, en el marco de una investigación por presunto fraude procesal y soborno de testigos, delitos para los que la legislación colombiana establece penas de prisión de hasta 12 años. La decisión fue adoptada de forma unánime por los cinco magistrados que llevan el caso contra Uribe, dentro de un amplio proceso que investiga sus vínculos con escuadrones paramilitares de extrema derecha.

La detención preventiva domiciliaria del expresidente no tiene precedentes en Colombia, tuvo efecto inmediato y podrá prolongarse hasta un año. La medida estuvo fundada en supuestos intentos reiterados del exmandatario por obstruir el accionar del Poder Judicial, mediante -por ejemplo- la compra de cerca de una decena de testigos para que dieran testimonios favorables en la causa que se sigue en su contra. 

El arresto amenaza con reavivar y profundizar la polarización política existente en Colombia, que Uribe gobernó entre 2002 y 2010 convirtiéndose en uno de los líderes más queridos y detestados al mismo tiempo. 

El caso por el cual es investigado se remonta a 2014, cuando durante un debate en el Congreso, el senador Iván Cepeda, del partido extracción progresista Polo Democrático Alternativo, acusó a Uribe de tener nexos con grupos paramilitares y con narcotraficantes. Para apoyar su acusación Cepeda presentó varios testimonios de antiguos paramilitares. 

Concretamente, el senador opositor acusó a Álvaro Uribe y a su hermano Santiago de haber fundado el Bloque Metro, una rama de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el grupo armado que enfrentó a las guerrillas durante décadas de manera sanguinaria y que dejó miles de civiles muertos. Santiago Uribe se encuentra actualmente arrestado y en medio de un juicio por la creación de otro grupo paramilitar llamado los Doce Apóstoles.

Como respuesta al debate en el Senado, el exmandatario demandó ante la Corte Suprema de Justicia a Cepeda, a quien acusó de buscar en las prisiones colombianas a antiguos paramilitares con el objetivo de que sirvieran como falsos testigos en su contra. La Corte Suprema investigó el caso durante varios años, en los que declararon tanto Uribe como Cepeda, así como todos los testigos implicados. En 2018, la Corte desechó las acusaciones contra Cepeda y, sorpresivamente, abrió una investigación formal contra Uribe por manipulación de testigos, lo que conllevaba los delitos de soborno y fraude procesal.

Actualmente el caso cuenta con 42 testigos, muchos de ellos exparamilitares que se encuentran en prisión. Uno de los principales es Juan Guillermo Monsalve, antiguo miembro del Bloque Metro de las AUC, quien cumple una condena de 40 años de prisión y que testificó que en una hacienda de propiedad de la familia del expresidente en Antioquia se planificaron matanzas que luego fueron ejecutadas por estos grupos al margen de la ley. Posteriormente Monsalve se retractó de esas afirmaciones, aunque después dijo que su cambio de postura se había producido bajo presión.

Aquí aparece otro de los protagonistas del caso: uno de los abogados de Uribe, Diego Cadena. Monsalve y otros testigos aseguran que Cadena los presionó o pagó para modificar sus testimonios. Más aún, Monsalve dice tener una grabación del momento en que el abogado de Uribe lo presionó. Son varios los testigos que aseguran haber recibido dinero por parte de Cadena. Por su parte, el abogado reconoció haber entregado pequeñas ayudas en dinero a algunos de los presos pero en concepto de ayuda humanitaria.

Además de lo ya mencionado, existen varias horas de conversaciones telefónicas grabadas del expresidente que habrían sido captadas de forma accidental durante el curso de otra investigación. Pese a que los abogados de Uribe solicitaron que fueran descartadas, la Corte las admitió como evidencia. 

Actualmente existen casi 60 investigaciones abiertas contra Uribe, que incluyen desde homicidio hasta compra de votos. Catorce se encuentran en la Corte Suprema y otras 45 en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

¿Se apaga la estrella de Uribe?

Con un discurso centrado en la ofensiva contra la guerrilla de las Fuarzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC) y en la reducción del gasto público, Álvaro Uribe alcanzó la presidencia en 2002. Logró romper el bipartidismo Liberal-Conservador que durante décadas se repartió el poder en Colombia. Con una asignación de recursos de todo tipo aportados por el gobierno de los Estados Unidos mediante el denominado Plan Colombia, logró en buena medida alcanzar sus objetivos y eso le permitió provocar una inédita reforma constitucional. De esa manera accedió a la reelección para un segundo mandato. En las dos elecciones presidenciales en las que participó (2002 y 2006) obtuvo la victoria en primera vuelta con cifras récord en la historia del país. 

En 2016 fue el actor protagónico de la victoria del No en el plebiscito sobre los acuerdos de paz entre el Estado y las FARC. Ese fue un importante triunfo contra su gran rival en los últimos años y quien antes había sido su aliado y delfín político, el entonces presidente Juan Manuel Santos.

En marzo de 2018, se convirtió en el senador que más votos recibió en toda la historia de Colombia y de ese modo logró la reelección por cuatro años más. Ese mismo año, Iván Duque, considerado el heredero político de Uribe, llegó con su apoyo a la presidencia Colombia.

Aun no está todo dicho y la muerte política es una rara avis en Latinoamérica. El clan Fujimori en Perú y Lula en Brasil son algunas demostraciones de que hay liderazgos populares con una extraordinaria capacidad para ocupar el centro de escena política. Al mismo tiempo, parece triste el destino de esos mismos liderazgos, aparentemente condenados a dividir y a enfrentar, hasta hundirse en las grietas que ellos mismos produjeron.