Una vez más, una maniobra delictiva de desvío de fondos del Estado en favor de un grupo de personas llegó a la Justicia. Pero lo particular del caso es que son efectivos de la Policía santafesina y algunos civiles los señalados como organizadores. Por esto, el ex jefe de la fuerza, Rafael Grau, y otras siete personas, fueron imputadas por asociación ilícita y defraudación al Estado. Un dato que llama la atención es que el monto de la defraudación comprobada es de sólo 96 mil pesos, una suma menor si se tiene en cuenta la cantidad de imputados, el tenor de la acusación y los casos comprobados. Y el calibre de otros delitos atribuidos a las célebres y comentadas "cajas negras de la policía", algo tan viejo como la institución misma.

"La defraudación es al Estado. Sea un peso o diez millones para mí no tiene diferencia", sentenció el fiscal Roberto Apullán luego de la audiencia. Lo cierto es que el funcionario prefirió no detenerse en el monto sino en la maniobra que entiende que se pergeñaba a partir de una asociación ilícita: 16 casos de móviles policiales que figuraban con reparaciones y cambio de repuestos que finalmente no se realizaban, pero el dinero se lo quedaban.

La investigación se inició el miércoles 4 de mayo de 2016 y contó con la colaboración del personal de la dirección de Asuntos Internos de la Policía Provincial. Pocos días después se realizaron una serie de allanamientos en diferentes talleres y locales comerciales, donde se detectó que los arreglos contratados nunca se llevaban a cabo en los patrulleros.

La investigación llegó hasta el seno de la Jefatura de Policía de Provincia dado que uno de los allanamientos se realizó en el Departamento de Logística, el famoso D4, un punto neurálgico encargado de los trámites de compra de los insumos y recursos para el mantenimiento de la fuerza de seguridad.

Gracias a peritajes de Gendarmería se comprobó que no se habían hecho arreglos en algunos vehículos donde figuraba lo contrario. El destino del dinero había sido otro. También diferentes locales comerciales quedaron en la mira, como por ejemplo un lavadero de autos, que figuraba como taller mecánico.

Incluso se sospecha que las maniobras no se centraban solamente en el mantenimiento de los vehículos policiales sino también en otros insumos, como por ejemplo los chalecos que utilizan los agentes, donde hubo elocuentes insistencias para favorecer a una empresa en la licitación.