La violenta represión en barrio Toba, la denuncia por extorsión del sobrino del "Pimpi" Caminos y la absolución de Gladys Galindo en el juicio oral por el crimen de Jonatan Herrera fueron hechos que se registraron en poco tiempo y, por sus características, llamaron la atención de políticos y agrupaciones sociales que cuestionan desde hace tiempo el accionar del Comando Radioeléctrico en la ciudad. 

"El Comando sigue siendo la gran oficina de recaudación de los nichos corruptos de la policía de la provincia de Santa Fe", denunció el diputado provincial del Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, en diálogo con Rosarioplus.com. 

Según el legislador, pueden distinguirse dos etapas de gestión en el tiempo que Maximiliano Pullaro lleva a cargo del Ministerio de Seguridad provincial. En la primera, hubo "una impronta muy interesante" para sacar a los agentes que habían quedado en la fuerza, sobre todo en la administración logística, luego de disolverse la "vieja Drogas Peligrosas". Sin embargo, el además periodista señaló que, en un segundo período, el encargado de la cartera de seguridad y el ministro de justicia santafesino, Ricardo Silberstein, "han tomado el discurso de la policía".

"El Comando es la fuerza operativa recaudadora de los nichos de corrupción", remarcó Del Frade y agregó: "El poder político asume el discurso de La Santafesina SA". 

En cuanto a las medidas que se pueden adoptar desde la Cámara de Diputados de Santa Fe para controlar el accionar policial, el legislador propuso conformar una comisión de seguimiento permanente del accionar policial. "Si no manejas democráticamente a la policía, ésta maneja a las instituciones", señaló y agregó: "Hay indicios de que esto pueda pasar".

Ecos de la represión en Barrio Toba

A principios de abril, vecinos de barrio toba de Rouillón y Maradona denunciaron un ataque por parte de la policía. Testimonios indicaron que integrantes del Comando Radioeléctrico iniciaron una feroz golpiza contra miembros de la comunidad Qom. Los efectivos intentaron defenderse al afirmar que se trató de un procedimiento de rutina que luego pasó a mayores por la negativa de un grupo de personas al momento de identificarse.

Pero esa versión, según palabras del fiscal que interviene en el caso, Gustavo Ponce Asahad, lejos está de coincidir con lo que denuncian los vecinos del asentamiento. Además, le llamaron la atención algunas incongruencias del informe médico, por lo que ordenó la formación de causa al médico policial “por los eventuales delitos de encubrimiento, falsificación ideológica de instrumento público e incumplimiento delos deberes de funcionario público”.

En el hecho ya intervienen Asuntos Internos, la División Judiciales, la Policía de Investigación, laboratorios y la Fiscal de Violencia Institucional y Corrupción Policial.

Una absolución polémica

El jueves pasado, el tribunal integrado por los jueces Juan Carlos curto, Rodolfo Zvala y Juan José Alarcón decidió absolver del crimen de Jonatan Herrera a la única agente del Comando Radioeléctrico que estaba imputada por el asesinato. La sentencia, que contempla otras condenas bajas a cuatro integrantes de la PAT, indignó a los familiares del joven acribillado en enero de 2015, quienes siguen reclamando justicia a pesar de los fallos adversos.

"El Comando es una fuerza que desempeña tareas operativas y de logística en seguridad pero, a la vez, gestiona diversas actividades delictivas", señaló Salvador Vera, abogado querellante de la familia de Jonatan Herrera, en diálogo con Rosarioplus.com. Según indicó el representante legal, desde que se inició la investigación del crimen se intentó "no incriminar a los agentes del Comando y atribuir la muerte de Herrera exclusivamente a la acción de la PAT".

"El Comando tenía la responsabilidad de preservar la escena del hecho y no lo hizo. Procedieron a adulterar la escena y levantar vainas", sostuvo el letrado y recordó: "Hay uno de los agentes que disparó un montón de veces, de apellido Iturre, y sin embargo no aparecen vainas de él en la escena. Desde el lugar de donde interviene el policía, es el lugar de donde parte la bala que impacta en la cabeza de Jonatan".

La familia del joven acribillado vivió en carne propia la presión que la fueza de seguridad pública ejerce en diferentes ámbitos. Desde la expulsión del barrio, por parte de vecinos que se dedican a la venta de estupefacientes, hasta la detención callejera de parientes y la falta de recepción de denuncias en la comisaría de Tablada, tuvieron que parecer los Herrera antes de llegar a la sentencia del tribunal provincial. 

"Hubo muchísima presión, es una fuerza que evidentemente puede determinar algunas acciones más allá de la esfera de su propia fuerza, como es la actuación de un fiscal", señaló Salvador. Además, el letrado denunció que la fiscalía no cuenta con equipos o áreas de investigación, de pericia y de laboratorio forense idónea e independiente de la fuerza policial. "Las pericias del caso fueron realizadas por propio personal policial", afirmó. "Todos los protocolos internacionales marcan que cuando hay involucrado en un hecho agentes policiales, primero, tienen que intervenir en la investigación una fuerza distinta,  por ejemplo las federales, y segundo, las pericias se deben realizar por equipos forenses autónomos", explicó Vera. 

El valor de la libertad

Un policía del Comando radioeléctrico fue detenido este martes, acusado de haber extorsionado a Fernando "Andy" Caminos, sobrino del "Pimpi", para no detenerlo en el marco de una investigación por el crimen de Carlos Leonel Juárez durante la navidad de 2016.  Según la investigación, el agente Livio Ariel M. en su rol como personal del comando Radioeléctrico le solicitó a "Andy" Caminos la suma de 400 mil pesos para dejarlo en libertad luego de ser detenido en la vía pública en zona de calle Lamadrid al 100 bis.

Como el joven delincuente no pudo reunir el dinero, el agente del Comando lo habría trasladado a la División Judiciales, en donde junto a 5 efectivos más aludieron que habían realizado la detención en el marco de una persecución.

Todos los efectivos policiales que participaron en la detención, que se presume irregular, serán imputados por la tentativa de extorsión por la Fiscal Karina Bartocci de la Unidad de Violencia Institucional conjuntamente con Fiscal Georgina Pairola de la Unidad de Homicidios. La calificación legal se reserva para el momento de la audiencia.