La violencia institucional existe, está relevada y documentada, pero se la esconde debajo de la alfombra. En Santa Fe, el Estado la niega y no la reconoce. ¿Con qué propósito? Que la problemática no sea objeto de la agenda pública. A esa conclusión arribaron académicos y criminólogos locales y nacionales que durante dos años investigaron los abusos de las fuerzas de seguridad, que desde 2014 a esta parte derivó en Rosario en una treintena de homicidios y miles de denuncias.

El preocupante diagnóstico fue presentado este martes en el Concejo Deliberante bajo el título “Confrontando la negación de la violencia institucional de Santa Fe”. El informe, financiado por la Unión Europea, lleva la firma de la Cátedra de Criminología de la UNR, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la ONG local Fundación Igualar. La actividad contó con el apoyo de los concejales Eduardo Toniolii, Norma López, Pedro Salinas y Celeste Lepratti.

La enquistada violencia institucional tiene una historia y un presente, según la mirada de Fernando Rosúa, ex edil y titular de la fundación que participó de la investigación. “¿Qué nos está pasando en Santa Fe que no podemos encauzar esta violencia institucional”, se preguntó a modo de introducción. A su juicio, el punto de quiebre para retroceder en los avances alcanzados en la década del 80 y 90 con la condena generalizada a los resabios de la dictadura, hay que buscarlo en la irrupción de la seguridad como tema principal de la agenda pública.

“Esto atentó contra una política sostenida para erradicar la violencia institucional. En este contexto, los gobiernos provinciales se equivocaron mucho. El socialismo intentó reformas pero entró en una gran confusión producto de la presión mediática y las demandas electorales. Se buscaron soluciones rápidas que terminaron en un enchastre absoluto”, analizó Rosúa.

A su turno, Enrique Font, titular de la Cátedra de Criminología y Control Social de la UNR, trazó una breve síntesis de los resultados de la investigación. Explicó que en Rosario –y en casi todos los rincones de la provincia— las fuerzas de seguridad “sobrecriminalizan” a un determinado sector social: a los ciudadanos que viven en barrios vulnerables y periféricos.

“Las víctimas no valen lo mismo. No es lo mismo un comerciante del centro que un joven que reside y transita por estos barrios. Por eso hablamos de víctimas de una población sobrecriminalizda”, señaló. Y agregó retomando los conceptos de Rosúa: “La tortura y malos tratos son terribles; pero más terrible es que te digan que no pasó nada”

Luego, las catedráticas Eugenia Cozzi (UNR), María Victoria Pita (UBA) y Marcela Perelman (CELS) expusieron los datos más reveladores del informe sobre el hostigamiento policial, la pata más común y arraigada de la violencia institucional. El trabajo empírico demuestra que hay una conexión entre los abusos cotidianos y las prácticas extremas, como las desapariciones, por ejemplo, de Franco Casco o Gerardo Escobar.

“El verdugeo tiene relación directa con los casos de extrema gravedad”, subrayó Perelman. Los abusos diarios más comunes en los barrios son las detenciones sin motivos, las prácticas extorsivas, los allanamientos ilegales y la alteración de las escenas que son registradas.

La investigación concluyó que el Estado no hace nada para evitar estas prácticas ilegales. No produce ni recopila información y no tiene programas de sanción. La única bocanada de aire llegaba desde el Ministerio Público de la Defensa, hoy en transición tras el desplazamiento de Gabriel Ganón, suspendido del cargo de defensor por la legislatura provincial.

La actividad concluyó con datos sobre el uso de la fuerza letal por parte de la policía provincial (gatillo fácil, ejecuciones sumarias, etc.) y el crudo relato de Julieta Herrera y Luciana Escobar, familiares de dos víctimas emblemáticas de una violencia institucional que en Rosario tiene “atención nacional e internacional”, según los autores de la investigación.