"Nos sacaron la esquina después de toda una vida de sacrificio"
Silvia María de Souza Barros y su marido son los legítimos dueños de un inmueble ubicado en una esquina de Fisherton. En febrero de 2014 la mujer fue a un distrito municipal a realizar un trámite y se desmayó al enterarse de que la propiedad había sido vendida
Silvia recuerda cada instante de aquel traumático día. Desayunó, agarró la carpeta con los papeles de su propiedad y se dirigió hacia el Distrito Noroeste. Sacó turno para realizar un trámite de regularización de impuestos y esperó hasta ser atendida. "Cuál es la dirección del inmueble", le preguntó la empleada. "Es éste, calle Eva Perón al 7600", le dijo Silvia mientras le entregaba un recibo de TGI a nombre de Miguel Angel Giménez, su marido. La respuesta la shockeó. "Señora, en los registros figura que esa esquina fue vendida en agosto". Lo que vino fue un desmayo y muchas noches sin poder dormir.
La estafa contra Silvia y Miguel es una de las seis que Sebastián Narvaja, a cargo de Unidad Fiscal especializada en Delitos Complejos y Económicos, detalló en la audiencia imputativa para mostrar la logística y el modus operandi que utilizaba el "primer eslabón" de esta red delictiva para adueñarse de bienes ajenos. Juan Roberto Aymo (empresario),Jonatan Javier Zarate (su chofer), Eduardo Martín Torres (escribano) y Ramona Isabel Rodriguez (pareja del primero) fueron quienes pergeñaron y ejecutaron el fraude.
La apropiación se realizó mediante el mismo ardid utilizado en los otros casos: un poder apócrifo de cesión de potestad de transferencia y una venta ilegal que terminó con el inmueble en manos de Rodríguez. El cambio de titularidad se insertó en el Registro General de la Propiedad Inmueble el 27 de agosto de 2013.
El fraude fue descubierto siete meses más tarde cuando Silvia se sentó en una oficina municipal ante una empleada del distrito. Su testimonio forma parte del extenso marco probatorio que figura en el expediente de la causa.
"Yo le doy un recibo de TGI a nombre de Miguel Angel Giménez que es mi marido. La chica busca y me mira una y otra vez. Me dice ´señora cómo es su nombre y apellido`. Se lo digo y le pregunto que pasaba y me dice que la espere un minuto. Luego, viene un muchacho alto y me dice si le podía repetir la ubicación de la propiedad que estaba pidiendo. Yo se la digo y veo que la cara de él cambió. Me dice si lo podía acompañar a su oficina, me pregunta si era viuda, separada y qué familia tenía. Entonces llama por teléfono a la Municipalidad y yo me empecé a descomponer. Me dice: ´señora discúlpeme pero yo le tengo que decir que esa esquina fue vendida en agosto, la propiedad está a nombre de Ramona Isabel Rodriguez`".
En ese momento, la mujer narró que creía que la tierra se la tragaba. Abrumada por la noticia, le pidió al empleado que la acompañara a tomar un taxi. Pero se desmayó al intentar abrir la puerta. "De ahí en más no dormía de noche. Hasta que un día me empecé a sentir mal y me descompuse en casa. Me ponía mal que me habían sacado la esquina después de toda una vida de sacrificio, de perder lo que teníamos y que nos saquen eso para nosotros es de un valor incalculable”, declaró al radicar la denuncia.
La odisea por recuperar el patrimonio
Silvia y su marido adquirieron el inmueble de Eva Perón 7654 en 1983. Hasta el 2012 lo utilizaron para desarrollar sus actividades comerciales, la venta de materiales para la construcción y el servicio de volquetes. Una vez jubilados decidieron alquilarlo. Habilitaron reformas y la colocación de un bar.
Además, celebraron un acuerdo con la empresa Grupo Medios Litoral S.A para poner dos carteles luminosos de la firma por un lapso de cinco años. Jamás advirtieron ninguna irregularidad y los inquilinos siempre estuvieron al día. Toda la legalidad se derrumbó el día que Silvia concurrió al distrito municipal.
Aníbal, el hijo abogado de este matrimonio, se encargó de la demanda y del litigio judicial. Primero, averiguó que la escritura la había confeccionado un escribano llamado Eduardo Martín Torres. Luego presentó la denuncia en Fiscalía y trabó un embargo contra Ramona Rodríguez, la nueva dueña.
A los pocos días, lo llamó un abogado de parte de Aymo. "Básicamente el hombre dijo que hubo un error, que él era amigo supuestamente del marido de la mujer que figuraba como titular. Yo le decía que lo más importante era como instrumentar el cambio. Había hablado con varios escribanos y me decían que era imposible, que nadie me lo iba a hacer, porque mi papá tendría que reconocer que hubo un error cuando nunca había firmado y que iba a quedar manchado, que la única forma era una sentencia judicial, lo más transparente".
Al tiempo, apareció en escena Carlos Varela --abogado que patrocina a dos de los imputados de la megacausa-- para intentar llegar a un acuerdo. Se habló de ingresar un escrito al expediente argumentando un error para retrotraer la operación. Los estafadores reconocían todos los gastos y una indemnización por los daños causados.
Con el escrito ya confeccionado, Varela lo llama a Aníbal para decirle que se abría del caso. "Me dice que él no tenía más nada que ver en este caso, que no quería saber más nada. Me comentó que estaba bastante disconforme con sus clientes, porque le demoraron la entrevista, no le decían la verdad", relató el muchacho.
Su teléfono volvió a sonar dos meses más tarde. Era otro abogado de Aymo. "Me dice que estaba al tanto de la situación, que sabía que el inmueble era de mi papá, que hubo un error, que querían juntarse para salvar esto y devolverle la propiedad".
La reunión con Aymo se concretó a los pocos días en un bar cerca de Tribunales. Aníbal le contó a los fiscales que el empresario se "victimizaba" todo el tiempo y si bien reconocía que no se bañaba en "agua bendita", decía que en este caso lo había estafado.
"Aymo decía que había prestado plata y que le dieron dos propiedades de mi papá para que elija, una que es un terreno en Pérez y la esquina esta en cuestión. No dijo a quién le había prestado plata, lo mantenía en el anonimato y que si era necesario él iba a levantar una polvareda. En esas circunstancias, me amenazó diciendo que la propiedad era de él y que si quería no iba a funcionar el bar", recordó.
Los llamados y las reuniones se diluyeron con el tiempo. Ahora, la sentencia judicial es la única vía para recuperar el inmueble. Silvia espera por una solución. Quiere volver a dormir como antes.