Por Tomás Bover

Rosario es el laboratorio perfecto para quienes gustan experimentar el morbo y colocarse la etiqueta de expertos/as: criminólogos/as, abogados/as, periodistas, ensayistas, legisladores/as, científicos/as sociales variopintos y muches otres desfilan por esos canales, esos portales y esos diarios ofreciendo respuestas, informes grandilocuentes u opiniones revestidas de soluciones fundamentadas para un problema que, en muchos casos, desconocemos o vemos a la distancia.

Pero cuando digo distancia no me refiero a ese necesario distanciamiento con el cual los/as científicos/as sociales construimos nuestros temas de estudio, no es alejarse para objetivar o alejarse para poner en suspenso preconceptos, emociones o ideas hechas al calor de la experiencia próxima. Ya sabemos que poco podemos reflexionar sobre una situación que nos tiene como protagonistas, como actores responsables y mucho menos como víctimas. No podemos ni debemos pedirles a los familiares de una persona asesinada que reflexionen sobre las circunstancias sociales o el origen de las violencias que dieron lugar a su pérdida. Lo más probable es que el deseo (de venganza) se transforme en respuestas llenas de rencor, sin ir más lejos pensemos en Blumberg. Pero peor que eso es el oportunismo mediático y político capaz de traducir esas lecturas en “soluciones” que alimentan las peores emociones ya nutridas de la expectativa punitiva.

Por lo tanto, el problema no es ese distanciamiento que podríamos llamar epistemológico, ese distanciamiento que se necesita para ver algo desde una perspectiva panorámica. Sino el distanciamiento hecho de pura arrogancia porteña, con la convicción de que todo lo conoce mejor el experto que más cerca se encuentre del kilómetro 0. Contradictoriamente digo esto desde la Provincia de Buenos Aires, para invitarnos a callar y a escuchar.

Si nuestra historia está hecha de disputas entre el centralismo porteño y “el interior”, de los recursos centrales y los de las provincias, de la concentración mediática porteña y la falta de representación federal, cuando hablamos de la tragedia rosarina eso se multiplica: los medios porteños hacen uso de su agenda de contactos local para dar aire a expertos/as que conocen de Rosario el monumento a la Bandera y algún plato servido en las orillas del Rio Paraná. Que se vale de las estadísticas producidas por las burocracias estatales nacionales y poco saben de la sistematicidad y rigor que desde el propio gobierno santafesino se ha dedicado por ejemplo a iniciativas como el Observatorio de Seguridad Pública o a las investigaciones desarrolladas desde la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional del Litoral.

Los cortocircuitos entre las administraciones provinciales y nacionales sí son, por ejemplo, un tema de incumbencia para quienes trabajamos sobre las fuerzas de seguridad federales. Pero no se trata de anticipar o explicar a quienes conocen el problema de cerca cómo solucionarlo, sino de revisar cuánto de lo que sucede en Rosario da cuenta de un problema de escala nacional, o por qué lo que sucede en Rosario no sucede en el resto del país donde existen mercados de dogas ilegalizadas de semejante magnitud o, si sucede, por qué no toma la misma trascendencia y no tiene la misma repercusión.

La cobertura de los medios está llena de confusiones sobre la jurisdicción policial, hemos visto, por ejemplo, informes donde se habla de la actuación de una extinta Policía Metropolitana para hablar de la Policía de la Ciudad. Pero otra confusión que el mundo político alimenta frente a cada hecho es el de las responsabilidades de los distintos niveles de gobierno. Hace unos días un licenciado Ministro de Seguridad Porteño culpaba al gobierno nacional por la muerte de una oficial de policía de la fuerza que él mismo dirige. Su acusación, contrafáctica, era que de contar con pistolas Taser esa oficial hubiera ofrecido una respuesta que le salvara la vida y que esa situación era responsabilidad del gobierno nacional.

Asimismo, que el narcotráfico se encuentre entre los delitos federales a cargo de la actuación de las fuerzas del gobierno nacional alimenta las mismas confusiones, sin embargo, esto reviste una serie de complejidades para quienes analizamos el quehacer de esas fuerzas. Dos grandes provincias como son Buenos Aires y Santa Fe ofrecen respuestas judiciales y de política criminal diferentes a los mismos delitos: la primera los ubica en los fueros provinciales y la segunda en los federales. Esta división siempre parcial y discutible entre delitos de “narcomenudeo” y “narcotráfico” suponen una determinación caso a caso de qué tipo de fuero y del nivel de administración policial que debe involucrarse. Toda una discusión de política criminal que tiene media biblioteca de cada lado.

Una segunda cuestión que sí puede involucrarnos a quienes no somos expertos/as en la cuestión santafesina, es lo que la propia literatura local viene señalando hace ya décadas. En palabras de la investigadora rosarina Eugenia Cozzi, influye, entre otros factores, la disputa de los jóvenes por el reconocimiento, por tener “cartel” para explicar parte del sentido de las violencias altamente lesivas. Curiosamente su propuesta y la de otros/as investigadores/as locales, de revisar el fracaso de las respuestas punitivas ensayadas o el rol de las burocracias penales en la escalada de conflictos no tuvo el mismo alcance. Esta perspectiva no ha sido de las más resonantes en los medios nacionales desde que balearon el comercio de la familia política de Messi. Tampoco se escucharon por estas latitudes las voces de Nicolás Barrera, Laura Bianciotto o de Máximo Sozzo, Gustavo González y sus equipos, que llevan décadas en el tema, ni mucho menos coberturas periodísticas como las de Osvaldo Aguirre y Silvina Tamous. Nombres propios que deberían engrosar las agendas de contactos de esos medios bienintencionados en la búsqueda de voces expertas.

Finalmente, entiendo que esa distancia está hecha de estereotipos, el vocabulario del mundo narco se alimenta de series de Netflix, de un lenguaje hecho de personajes como soldaditos, búnkers, transas, clanes, capos narcos, ajustes de cuentas, etc. De coberturas de periodistas y políticos/as que se acercan a la escena con chalecos que simulan ser antibalas. De palabras que están pensadas a la altura de la espectacularización de un problema social que deberíamos tratar con el respeto que el padecimiento asociado merece. Que debería estar hecho de materia prima intelectual local, de la mejor criminología disponible, de datos públicos fiables que no esconden la dimensión del problema, de menos oportunismo político y sobre todo de abstenerse del consumo de tanto “experto” vende humo que explica y anticipa a la distancia. Abstenerse de acudir a expertos/as preocupados/as por crear sus propios “kioscos” que tan caro le han costado a los/as santafesinos/as, ni a diagnósticos producidos hace décadas, puestos a la luz de problemas novedosos.

Tomás Bover es Doctor en Antropología y docente-investigador de la Universidad Nacional de Quilmes en el Laboratorio de Estudios Sociales y Culturales sobre Violencias Urbanas (LESyC).