El tribunal oral compuesto por los jueces de Primera Instancia Nicolás Vico Gimena, Florentino Malaponte y Valeria Pedrana absolvió este martes al comisario retirado de la Unidad Regional II Hugo Giuliano del delito de enriquecimiento ilícito, por el que había llegado a juicio oral, acusado de haber aumentado su patrimonio entre 1975 y 2006 sin poder justificarlo en relación con sus ingresos. El oficial acumuló en ese período la propiedad de seis viviendas, dos automóviles, y una lancha, entre otros bienes. A pesar del fallo, desde el Ministerio Público de la Acusación se adelantó que el fiscal a cargo, Sebastián Narvaja, apelará por considerar que hay pruebas suficientes para condenar al policía.

Se trata del primer caso donde un funcionario público de seguridad arriba a juicio por este delito en Santa Fe, de los pocos casos a nivel país, y el primero de unos diez expedientes en trámite que con el transcurso de los años hoy están a punto de prescribir. Se especulaba que sentaría jurisprudencia y sería punta del iceberg de una serie de causas por presunto enriquecimiento injustificado, impulsadas por la nueva Dirección de Asuntos Internos hacia el interior de la Policía de Santa Fe. Pero no. Al menos, no con el caso Giuliano.

El fiscal Sebastián Narvaja había pedido seis años de prisión efectiva y una multa por el valor de todos los bienes no justificados, pero la Justicia vio falta de mérito en los argumentos y pruebas, y decidió absolver al ex comisario, hoy de 66 años de edad.

Giuliano fue jefe de la otrora Agrupación Unidades Especiales de la policía rosarina, y también condujo otras departamentales de la región sur de Santa Fe. La causa que lo lleva al banquillo viene desde hace varios años, y corresponde a una acusación de presunto enriquecimiento ilícito iniciada en su momento por la organización Apropol, que nuclea a un sector de suboficiales y oficiales de la Policía de Santa Fe.

Se le adjudican seis propiedades, entre viviendas y locales comerciales, cuentas bancarias, una lancha, y dos vehículos de gama media, patrimonio de difícil acceso con los ingresos normales de su carrera policial.

La denuncia de Apropol en su momento dio comienzo a la investigación cuando todavía estaba en funciones. Fue sobreseído en primera instancia, pero la Cámara Penal revirtió esa situación y lo procesó en abril de 2014. En su momento, había sido el juez Juan Andrés Donnola quien lo había enviado a juicio por el viejo sistema penal, pero la causa transitó estos años y ahora recaló en el nuevo sistema, por lo que Giuliano irá a juicio oral y público.

En 2019 prescribieron dos de esas causas por el paso del tiempo.

El detalle de la acusación expuesta por Narvaja puede resumirse de acuerdo a las siguientes etapas: 

+ Desde 1985 a 1986, la adquisición de un inmueble y la posterior construcción de tres locales comerciales en ese el terreno;

+ De 1986 a 1987, la compra de un local comercial en Calle Moreno al 400;

+ Entre 1988 y 1991, la compra de una propiedad en calle Montevideo al 3900;

+ Entre 1992 y 1995, compra de local en calle Cafferata 1600;

+ Entre 1995 y 1999, la adquisición de una propiedad en calle 3 de Febrero al 3000 y la adquisición de cuotas en fondo común de inversión por U$D 24.500;

+ Entre 1999 y 2003, compra de un auto y adquisición de bonos por un monto de U$D 20.000;

+ Entre 2003 y 2006, adquisición de una lancha, un automóvil y la construcción de una vivienda en planta alta de domicilio calle Buenos Aires al 1900.