Allanan domicilios de dos ejecutivos de la defaulteada Guardati y Torti
Son socios en la corredora de cereales que defraudó su rueda comercial en febrero de 2020, tras la caída de Vicentin. La Fiscalía de Delitos Económicos mandó a allanar lujosos pisos en la zona de la costa central.
El fiscal de Delitos Económicos Miguel Moreno libró este miércoles temprano allanamientos sobre los domicilios de dos ejecutivos de una corredora de cereales y financiera caída en default en febrero de 2020, luego de que Vicentin se declarara en la misma situación.
Se trata los empresarios Miguel Guardati y Ángel Torti, socios en el directorio de Guardati y Torti SA, una reconocida firma de corretaje de granos que desbarrancó en febrero de 2020, como consecuencia y arrastre del default de Vicentin.
La Agencia de Investigación Criminal, a las órdenes del fiscal Moreno, allanaron primero el piso de Guardati, en Corrientes y Jujuy. Luego, hicieron lo mismo en el domicilio de Torti, en Mitre y Salta. En ambas requisas hubo secuestro de documentación de interés para la investigación, pero no los detuvieron a los empresarios involucrados.
No se informó aún a cuáles de las causas penales que tiene a GyT en la mira corresponden estos allanamientos. De todos modos, todo el entramado judicial se origina a partir de las dificultades financieras en las que incurrió la empresa. Tomaba granos y los comercializaba a través de Vicentin en su mayor parte, y en esa cadena quedó entrampada, sin poder devolver el cereal ni tampoco pagarle a los acopios ni a los productores primarios que se lo habían confiado.
RosarioPlus.com publicó en detalle cómo se produjo esta estridente caída en el tablero de la city rosarina.
El mes pasado GyT sumó otra denuncia penal, esta vez porque una empresa transportista la acusó de haberle birlado 19 millones de pesos que tenía en la cuenta comitente de la firma.
En la actualidad hay ocho miembros del directorio imputados por administración fraudulenta. Hacían balances falsos, según se comprobó. Hay más de 100 acreedores y una deuda impaga superior al 1,1 millón de dólares.