Una investigación judicial avanzó sobre el núcleo de la Jefatura de Policía de Provincia a partir de una denuncia del Ministerio de Seguridad sobre la existencia de un sistema de corrupción interna en la fuerza con los servicios contratados para el mantenimiento de vehículos. Mediante una serie de allanamientos en diferentes talleres y locales comerciales, se detectó que los arreglos contratados nunca se llevaban a cabo en los patrulleros, pero sí la Policía los pagaba como si se hubieran realizado.

Este desvío de partidas fue descubierto luego de una denuncia del Ministerio de Seguridad que la tomó un fiscal provincial y procedió con la inspección. Incluso el propio Maximiliano Pullaro realizó una denuncia penal sosteniendo la existencia de una asociación ilícita entre agentes y civiles.

La investigación llegó hasta el seno de la Jefatura de Policía de Provincia dado que uno de los allanamientos se realizó en el Departamento de Logística, el famoso D4, un punto neurálgico encargado de los trámites de compra de los insumos y recursos para el mantenimiento de la fuerza de seguridad.

En el allanamiento del viernes pasado se pudo comprobar, gracias a peritajes de Gendarmería, que no se habían hecho arreglos en algunos vehículos donde figuraba lo contrario. El destino del dinero había sido otro. También diferentes locales comerciales quedaron en la mira, como por ejemplo un lavadero de autos, que figuraba como taller mecánico.

Incluso se sospecha que las maniobras no se centraban solamente en el mantenimiento de los vehículos policiales sino también en otros insumos, como por ejemplo los chalecos que utilizan los agentes, donde hubo elocuentes insistencias para favorecer a una empresa en la licitación.

Desde el Ministerio Público de la Acusación consideraron que podría haber consecuencias administrativas como mínimo –exoneraciones- en rangos altos de la fuerza policial, más allá de la causa penal por asociación ilícita. Según lo trascendido no vincularía al actual jefe de la policía, Luis Bruschi.