Amenazas de bomba: cuando la policía llega a la hora de la cena y la novela
La Justicia rosarina avanzó este miércoles por la noche en la causa por la ola de amenazas de bomba a escuelas de la ciudad y detuvo a cuatro personas mayores de edad en el marco de siete allanamientos. Este jueves por la mañana cuatro alumnos del Colegio San Antonio de Padua, de Provincias Unidas al 900, fueron demorados y puestos a disposición del Juzgado de Menores y el fiscal de Ciberdelito Gustavo Ponce Asahad
La ola de amenazas de bomba tuvo su estocada por parte de la Justicia este miércoles por la noche con una serie de allanamientos particulares: sin el uso habitual de la fuerza en el ingreso al domicilio -no hubo más que tocar el timbre- y a la hora en que las familias cenaban frente al televisor como cualquier otro día. Ante la mirada estupefacta de los integrantes del hogar en la mayoría de los casos, la policía le pidió a cada familia la entrega de los teléfonos celulares en cuestión y, a los padres, que por favor los acompañen a la comisaría. Claro que en calidad de detenidos, pues ellos eran los titulares de las líneas desde las que partieron varias de las amenazas investigadas.
Lejos del grupo operativo de efectivos armado hasta los dientes que rompe la puerta de ingreso, los allanamientos requeridos por el fiscal Gustavo Ponce Asahad fueron muy diferentes a los aplicados en causas de delitos pesados como el tráfico de drogas o bandas delictivas. Esta vez la Justicia investigaba lo que parece ser una cadena de bromas de adolescentes para subirse a la moda de las falsas amenazas de bomba que por estos días agitó a la ciudad.
Guiados por el domicilio de los titulares de los teléfonos desde donde se realizaron las llamadas, los policías tocaron timbre y esperaron sin apuro. En los siete domicilios la respuesta fue la misma: los hicieron pasar con un nivel de desconcierto inmenso y sin salir de la incertidumbre normal que puede despertar en un hogar de trabajo que un grupo de policías toque la puerta por la noche.
“La mayoría estaba sentada en la mesa cenando. No entendían nada. Lo que menos imaginaron es que las llamadas hayan salido desde su teléfono”, explicó Darío Chávez, el director provincial de Investigación Criminal.
Según el funcionario, los lugares que se allanaron son hogares sin conflictos con la ley. “No están acostumbrados a ver allanamientos en la zona. Es gente trabajadora. Para lo único que fueron a una comisaría es para pedir certificado de buena conducta”, ilustró, comprensivo, en Sí 98.9 Chávez.
Los allanamientos dispuestos por la Justicia como forma de avanzar ante la ola de amenazas de bombas que en la última semana se repitieron hasta el hartazgo arrojaron cuatro mayores detenidos, titulares de las líneas de algunas llamadas. Esos domicilios se encuentran en Gorriti al 5100, Coulin al 2600, Virasoro al 3700, Caminito al 3600, Martínez Estrada al 7900, Pasaje Gomensoro al 1400, Carriego al 1900.