Los números están sobre la mesa. Son guarismos oficiales. En Rosario circulan muchas más armas de fuego legales que las que circulaban a fines del año pasado. Hay más civiles y más efectivos de seguridad autorizados para jalar un gatillo. Para algunos, significa un paso adelante en la lucha contra el delito. Para otros, un dato que atenta y dificulta la imperiosa necesidad de reducir la violencia social.

Rosarioplus.com accedió a la información que la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) --ex Renar--, tiene sobre Rosario. Del análisis de los datos se desprende un notable crecimiento tanto en la cantidad de armas, como en la cantidad de usuarios habilitados para su uso.

Hasta el 31 de diciembre del 2015, había 37.454 armas registradas en toda la ciudad y 23.534 personas con capacidad de disparo, entre civiles y agentes del orden. Ambas cifras crecieron en los primeros siete meses del 2016.

El número de armas creció un 8%: hoy el arsenal legal cuenta con 3.268 nuevas unidades, lo que hace un total de 40.722. Las personas habilitadas se incrementaron en un 5%. Hay 1.226 rosarinos nuevos en el padrón de Anmac (24.760 en total).

Según estos datos, uno de cada 39 rosarinos está autorizado a portar un arma de fuego y hay una por cada 23 habitantes. “Los números son generales, no hay distinción entre civiles y fuerzas de seguridad. Esa aclaración es importante. Son cifras totales”, explicaron desde Anmac.       

El incremento de armas legales en la ciudad se da en un contexto en el que las balas tienen una altísima incidencia en los índices de homicidios y heridos. En el 79% de los asesinatos que se cometieron en el Gran Rosario durante el primer semestre del 2016 se utilizaron armas de fuego. En ese mismo lapso, se registraron 577 lesionados por el impacto de una bala, lo que arroja un promedio de tres heridos por día.

La realidad marca además que desde hace unos años el mercado ilegal se nutre de armas legales. Ya son varios los casos en la provincia en que armas pertenecientes a la Policía, que iban a ser destruidas, aparecieron en manos de delincuentes.

“Muchas armas que fueron robadas o extraviadas por el personal policial ingresan al circuito ilegal. Otras fuentes son, por ejemplo, los asaltos a las armerías o a casas particulares", admitió el año pasado Gerardo Chaumont, por aquel entonces secretario de Seguridad de la provincia.

La coyuntura tampoco es favorable en lo que respecta a los mensajes (tangibles y simbólicos) que surgen del poder Ejecutivo nacional. Esta semana, Rosarioplus.com publicó un informe sobre la suspensión del Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, una política pública que, con críticas y elogios, funcionó durante ocho años de manera ininterrumpida.

La decisión tuvo un impacto en Santa Fe, que se quedó sin un plan de desarme. Durante los últimos cuatro años funcionaron puestos móviles en distintas ciudades de la provincia. “Mientras en muchos lugares del continente se busca profundizar programas de desarme, acá los cerramos. No se entiende. Los planes se tienen que mantener en el tiempo. No creer que la historia comienza cuando uno llega y borrar de un plumazo lo que está bien”, se quejó el ex vicegobernador Jorge Henn, un político entendido en la materia.

En Rosario, el programa tuvo resultados favorables, según Anmac: 9.910 armas recolectadas y 65.907 municiones entregadas.