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El ex agente de inteligencia del Ejército Raúl Campilongo negó haber participado en el asesinato del diputado provincial Mario Domingo Armas, perpetrado en una cochera del microcentro rosarino el 8 de febrero de 1986, y pidió la prescripción de la causa al prestar declaración informativa el viernes pasado, después de dos postergaciones, en el Juzgado de Instrucción número 11.

 

A su vez, el diputado provincial Carlos del Frade, que aportó datos para reabrir la investigación, reafirmó sus sospechas sobre el ex agente de inteligencia como autor del asesinato. “Mi hipótesis es que el caso fue un  crimen tardío de la dictadura. Todo el aparato represivo estaba intacto. Por sobre todas las cosas se buscaba entonces el dinero que venía de negocios de la política. Al formar parte de las comisiones de Asuntos Legislativos y de Acuerdo de Magistrados en la Cámara de Diputados, y al cuestionar al peronismo, Armas era un estorbo. En ese camino, encuentro una lógica en que haya sido Campilongo el encargado de su muerte”, dijo Del Frade este martes al mediodía, después de asistir a una nueva audiencia por el juicio a la banda de Los Monos.

 

Campilongo declaró que no había conocido ni tratado a Armas. No obstante, se negó a participar en una rueda de reconocimiento ante el testigo Gerardo Rosso, el único que vio al sicario que asesinó alevosamente al diputado por la Democracia Progresista, de dos balazos de calibre 22 que lo alcanzaron cuando estaba a punto de subir a su auto Ford Falcon.

 

En el transcurso de su declaración, el ex espía de la dictadura dijo que había sido secretario de Vivienda del gobernador José María Vernet, quien no obstante se desligó recientemente de su nombramiento y dijo que lo consideraba “más un buche (informante, delator) que un operativo”, en relación a las acusaciones por el asesinato de Armas.

 

Campilongo también admitió haberse desempeñado como personal civil de inteligencia del Ejército. El 1° de julio de 1979 fue nombrado como agente por recomendación de Jorge Alberto Fariña, jefe de la sección Operaciones Especiales e Inteligencia del Destacamento 121, actualmente condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad. También recibió el aval de otro peligroso represor, Héctor Marino González, también condenado a prisión perpetua.

 

Se desconocen las relaciones previas de Campilongo con Fariña y González, así como los motivos por los cuales lo recomendaron. En 1980, cuando actuaba con el seudónimo Ricardo Campodónico, fue evaluado como “elemento de gran valor” por sus jefes.

 

El ex agente Gustavo Bueno declaró que Campilongo participó en el robo de expedientes de la Conadep a los Tribunales de Rosario, en octubre de 1984, pero la investigación del episodio no pasó de formalidades. Otro ex agente, Eduardo Costanzo, lo involucró en el secuestro de Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereira Rossi, el 14 de mayo de 1983, donde obtuvo la falta de mérito imientras el resto de la patota de Inteligencia del Ejército resultó absuelta a excepción del jefe, Pascual Oscar Guerrieri.

 

Los indicios tampoco alcanzan por el momento para atribuirle el asesinato de Armas, aunque resta la consideración de los elementos secuestrados en el allanamiento de su casa. El Juzgado de Instrucción número 11 corrió vista al fiscal Marcelo Vienna para que se pronuncie respecto del pedido de prescripción de la causa.

 

Una época densa

 

Sin avances durante treinta años, la investigación del caso se reactivó a principios de año, cuando el diputado Del Frade transmitió a la familia Armas los datos que había recibido del abogado Fernando Mellado, según los cuales Campilongo se había jactado en una cena de ser el asesino del dirigente demócrata progresista.

 

Mellado declaró que no le constaba directamente ese reconocimiento, sino que lo había escuchado de Luis Ghezzi, ex secretario general del Sindicato de Aceiteros. Del Frade asegura que no hay contradicción con su testimonio, porque “en ningún momento Mellado me dijo que había estado en esa reunión con Campilongo”.

 

El diputado provincial destacó el contexto histórico del crimen de Armas. “Fue una época muy densa, la que va de 1985 a 1989, cuando hubo varios atentados contra abogados, vinculados a designaciones de jueces y a ciertos negocios del Estado donde aparece la cuestión de la vivienda. Allí generalmente se lo relaciona a Campilongo, por haber estado como secretario, y por su relación con el abogado Héctor Cerrutti”.

 

Precisamente, “el área de Vivienda estaba vinculada con el estudio de Cerrutti y con la disputa por el dinero de las obras públicas y el arreglo de las licitaciones”.

 

Del Frade recordó el testimonio del dirigente radical Ángel D' Ambrosio, según el cual la estructuración del Poder Judicial en la provincia surgió de un pacto entre las principales fuerzas políticas. “Los jueces laborales y penales fueron puestos por el estudio de Cerrutti, ligado al peronismo, y los civiles y comerciales por el de Nudemberg, que era el representante del radicalismo”, señaló.

 

Entre otras relaciones, Cerrutti “tenía mucho contacto con el II Cuerpo de Ejército” y era el abogado de la Unión Obrera Metalúrgica. “En ese marco, agentes como Campilongo siguieron haciendo su trabajo. Es lo que demostraría el caso Armas”.

 

Dos preguntas

 

-De los nuevos testimonios surge que la relación del crimen de Armas con la disputa por la designación de jueces era un comentario habitual en los Tribunales. Sin embargo, no llegó a oídos de los jueces que lo investigaban.  ¿Por qué?

-Trabajar el rumor para que se convierta en información necesita una voluntad. La voluntad de la justicia no existió en este caso. No existió por lo que siempre pasa: no hubo voluntad política y entonces no hubo decisión judicial.

 

-¿Qué perspectivas hay para el esclarecimiento del caso?

-A diferencia de lo que pasaba en los 90, hoy la gente quiere conocer la verdad de estas cuestiones. Todavía falta, de todas maneras, ver el contexto, que haya mayor interés por saber qué pasó en los primeros años de la democracia. Hay también expectativa de los distintos sectores políticos, por lo menos los que tienen representación parlamentaria, para saber lo que pasó, y entonces puede ser que la causa avance.