El gobierno nacional declaró la emergencia de seguridad pública para combatir el narcotráfico, donde se contempla el derribo de aviones hostiles. Esta medida generó diferentes posturas respecto a su aplicación y las consecuencias que podrían conllevar: por un lado la consideran como pena de muerte, por otro, como una medida necesaria pero excepcional.

El ex ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, fue tajante en sus declaraciones al afirmar que se trata de “una pena de muerte sin juicio previo”, al afirmar que la posibilidad de supervivencia al derribarse un avión clandestino son nulas.

En cambio, el diputado nacional por el Frente Renovador, Alejandro Grandinetti, aclaró a Rosarioplus.com que el derribo se utilizaría sólo como último recurso y consideró que es una buena herramienta que la contemplan Brasil, Estados Unidos, Chile entre otros países.

Como contrapunto, Rossi aclaró que "la experiencia que hay en América latina no ayuda” y recordó cuando un avión con misioneros norteamericanos fueron alcanzados por un misil peruano. El ex ministro se consideró renuente abrir la discusión, en cambio el diputado del Frente Renovador apoyó el decreto y dijo que debería debatirse en el Congreso.

En tanto, Grandinetti consideró que “es una torpeza discutir si esto es mano dura o no, cuando tenemos en Santa Fe sembradas pistas de aterrizaje ocultas”. “Estamos discutiendo -continuó- la negación del narcotráfico, una problemática transnacional que infecta con redes narcocriminales, por lo que se necesitan todos los recursos del Estado”, y recordó que durante la Cumbre de las Américas en 2005 la Argentina implementó la ley de emergencia en seguridad.