El Ministerio Público de la Acusación presentó su último informe de gestión, una recopilación de datos estadísticos que permite dimensionar el nivel de conflictividad que se respira en Rosario y en la mayoría de los grandes aglomerados de la provincia. En dos años y medio (2014/junio 2016), la Fiscalía Regional 2 generó 322.604 legajos, trámite con el que comienza una investigación por un hecho con apariencia de delito. La cifra arroja un promedio diario de 350 expedientes, en su mayoría por robos y atracos. 

En términos estadísticos, la radiografía delictiva de la ciudad se construyó casi siempre a partir de los guarismos sobre homicidios, el delito que refleja con más crudeza la violencia social de un determinado punto geográfico. El informe del Ministerio Público de la Acusación pone a los crímenes bajo la lupa  (432 durante 2015 en toda la provincia), pero también cuantifica la inmensa mayoría de los delitos que no toman estado público. 

En 2014 se presentaron 116.109 denuncia en la Fiscalía Regional 2, unidad que trabaja sobre Rosario y sus localidades vecinas. En 2015 el número ascendió a 139.996 y en el primer semestre de este año llegó a 66.499. Estos números arrojan que en los últimos 30 meses, el delito afectó a 2 de cada 10 rosarinos, si se toma como referencia lo que se conoce como "índice de litigiosidad", cantidad de legajos creados cada 100 mil habitantes. 

La acumulación de expedientes se traduce en una sobrecarga laboral de quienes deben investigar los delitos. La Fiscalía Regional 2 cuenta hoy con 71 fiscales entre titulares y adjuntos. Cada uno tiene un promedio anual de 1.817 causas, que es igual a 151 legajos mensuales. Al abarcar a toda la provincia (117 funcionarios), se concluye que en dos años y medio se crearon 4.043 legajos por cada fiscal. 

El delito de robo es la calificación penal que generó la mayor cantidad de legajos en Santa Fe. Entre 2014 y junio de 2016 se abrieron 73.180 investigaciones, una marca que superó a las amenazas (73.104) y a las lesiones culposas (63.322), que en otros tiempos solían encabezar el listado.  

El crecimiento de este tipo de delito puede analizarse por el recrudecimiento de la violencia o por "el aumento en los niveles de confianza" de los ciudadanos con la fiscalía, tal como se remarca en el informe. "Esta confianza se traduce en una mayor propensión a denunciar los hechos presuntamente delictivos", reza el documento. 

 El abuso, la portación y la tenencia ilegítima de armas son otras tres "figuras típicas" que pueden tomarse como indicadores para medir la conflictividad social.  En 2014 se iniciaron un total de 2.781 investigaciones por estos tres delitos; en 2015 fueron 3.619; y en 2016 (hasta el 30 de junio) fueron 1.781.

Los delitos contra la integridad sexual también aumentaron con el correr de los años. En 2014 se comenzaron 1.392 investigaciones, mientras que en 2015 fueron 2.110.  En el primer semestre del 2016, se contabilizaron 1.056 casos. Otra cifra que impacta es la de personas que fueron privadas de su libertad durante 2014 y 2015: más de 9.000. 

Homicidios: en la mitad de los casos no se logró identificar al autor

El año pasado se cometieron 224 crímenes en el Gran Rosario. En casi la mitad de los casos no se logró identificar al autor del asesinato. El relevamiento oficial indica que se individualizó a al menos un presunto autor en el 55,7% de los homicidios, por lo que se desprende que las investigaciones no prosperaron en más de 100 crímenes.

La cifra es aún peor en el departamento La Capital (113 crímenes en 2015), con un 58% de asesinatos en los que todavía no se conoce el autor. Sin embargo, las estadísticas mejoran sustancialmente en las poblaciones más pequeñas de la provincia, en algunos casos con el 100% de los homicidios esclarecidos.

Todos los autores de las muertes intencionales registradas en los departamentos Caseros, General Obligado, Iriondo, Las Colonias, 9 de Julio, San Cristóbal, San Javier, San Justo, San Martín y Vera fueron individualizados formalmente, mientras que en Castellanos la cifra desciende al 95,2%, en San Lorenzo al 86,7% (13 de 15) y en General López al 82% (13 de 16).

En total, contando todos los territorios de Santa Fe, se logró identificar a 6 de cada 10 de los presuntos autores de las muertes violentas ocurridas en el 2015, según se subraya en el informe.

A criterio del Ministerio Público de la Acusación, estos números están en sintonía con lo que ocurre en otras partes del planeta. Se cita al Informe Global de Homicidios publicado por Naciones Unidas, que estipula que a nivel global la tasa de esclarecimiento se encuentra apenas por encima del 60%, con mejores indicadores en Europa y Asia (85% y 80% respectivamente) y peores en América (menos del 50%). 

Atacar la violencia institucional, una materia pendiente

En su último informe de gestión, el Fiscal General Julio de Olazábal --el año que viene finaliza su mandato-- trazó una fuerte autocrítica sobre los pocos avances en materia de violencia institucional, léase aquellos delitos cometidos por las fuerzas de seguridad. 

"Pese a todos nuestros esfuerzos, entre los que se incluye el dictado y aprobación de todas las reglamentaciones internas necesarias, debo reconocer que no hemos podido aún poner en marcha las proyectadas Fiscalías especializadas en tal sentido y con dependencia directa de la Fiscalía General. Es mi decisión sin embargo, cuando finalicen los concursos destinados a cubrir los cargos aún vacantes de Fiscales, destinar algunos de ellos a la creación de tales Fiscalías especializadas, sobre cuya necesidad no tengo ni la más mínima duda", explicó Olazábal. 

Según el Ministerio Público de la Defensa, las prácticas de torturas en la policía de la provincia son "regulares y sistemáticas". En 2015, se registraron 404 víctimas solo en Rosario y en la ciudad de Santa Fe. Las mayores vejaciones (golpes, picanas, submarino seco, etc.) ocurren en la calle, las comisarías y en las unidades de traslado.