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Dos de los últimos crímenes que se cometieron en la ciudad expusieron la problemática con tal crudeza que hasta un fiscal llamó a la reflexión. “Conflictos que se resolvían en una pelea se agravaron por el acceso a las armas”, admitió Adrián Spelta al referirse a la mecánica de ambos asesinatos. En uno de los casos, la víctima cayó abatida tras citarse con sus enemigos por las redes sociales. En el otro, un joven fue acribillado por una ráfaga de disparos que salieron de una pistola empuñada por una adolescente.

Los planes de desarme son una política central para achicar el arsenal que hoy está en manos de civiles. Desde el 2005 y hasta diciembre de 2015 funcionó en el país un programa de entrega voluntaria que, con defectos y virtudes, tuvo muy buenos resultados. En ese lapso, se destruyeron más de 170 mil armas de fuego.

Con la asunción de Cambiemos, el viejo Renar--cuestionado por un sinfín de irregularidades-- se transformó en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC). Los nuevos funcionarios prometieron poner en marcha un nuevo plan de desarme una vez superada la etapa de “transición”.

Lo cierto es que el desinterés por parte de los poderes Legislativo y Ejecutivo atentó contra su relanzamiento. El Congreso demoró 9 meses en sancionar la ley que estableció su prórroga hasta diciembre del 2017, la Casa Rosada se tomó casi dos meses para promulgarla y la ANMaC lleva más de 8 meses sin implementar la normativa.

El diario Clarín informó este domingo que el plan de entrega voluntaria volverá a ser una realidad en las próximas horas. El organismo empezará en los próximos días a recibir armas para su destrucción en la oficina central de Capital Federal.

El nuevo programa contemplará pagos de 1.200, 1.700 y 3.000 pesos (según el arma que se entregue) y funcionará como una amnistía: al igual que en años anteriores, no se harán preguntas sobre la situación registral de cada pieza –salvo por una eventual relación con causas penales-- y la entrega y el cobro serán anónimos.

Los últimos datos oficiales señalan que en Argentina hay 1.562.332 armas registradas en la ANMaC (una cada 35 habitantes), de las cuales el 84% pertenecen a civiles. Este arsenal está en manos de unos 500 mil usuarios individuales.

¿Y por casa?

En Rosario, la cantidad de armas registradas creció un 8% de 2015 a 2016. Los últimos guarismos indican que el año pasado se registraron 3.268 nuevas unidades, lo que elevó el total a 40.722. Las personas habilitadas, en tanto, se incrementaron en un 5%. Según este reporte, el 2016 terminó con 1.226 rosarinos nuevos en el padrón de ANMaC (24.760 en total).

Ahora bien, Santa Fe depende de Nación para concretar un plan de desarme en su territorio. Las provincias no tienen potestad para lanzar iniciativas locales. Los distritos del interior del país se acoplan por ley a las decisiones de ANMaC.

En Santa Fe, la última campaña se realizó en mayo de 2015 con una fuerte presencia en barrios de Rosario y de la Capital. El director Provincial de Control de Armas, Matías Palavecino, le confió a Rosarioplus.com que aún no recibieron ninguna confirmación sobre la fecha y la modalidad con la que el nuevo plan llegará a la provincia.

“Nos dijeron que se iba a relanzar y que el plan iba venir a la provincia, pero no tenemos fechas confirmadas, ni cuál va a ser la modalidad de implementación en el territorio. A hoy no hay nada concreto. Venimos pidiendo el plan desde febrero. Hay predisposición, pero ningún aviso oficial”, explicó.

Palavecino admitió que es “sumamente importante” tener un plan de desarme para lograr “una reducción de la violencia armada”. “Está claro que no es la única herramienta. Estos programas están orientados a un sector de la población, al cual hay que educarlo y sensibilizarlo. Un arma no la va a entregar un delincuente. Pero los circuitos de armas empiezan muchas veces por el robo en casas, campos y armerías. El desarme es fundamental”, agregó.

El funcionario del Ministerio de Seguridad enfatizó que el gobierno provincial no tiene potestad en el control de armamento civil y que no puede inducir a la población a desarmarse  porque no está habilitado para recibir las armas que se entreguen. “No sabemos con exactitud qué cantidad de armamento hay hoy en la provincia, lo que no es un dato menor. Necesitamos más información y que el plan vuelva a funcionar”, concluyó.