La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le solicitó al estado santafesino que considere el caso de Valentín Reales, adolescente de 15 años que desapareció en noviembre del año pasado y a quien los investigadores dan por muerto por su osadía de haber denunciado a una banda narco, como desaparición forzada de personas. “Se llega a esa conclusión porque hay una clara aquiescencia y complicidad de las fuerzas de seguridad en todo el caso”, le explicó a Rosarioplus.com el abogado y ex defensor general Gabriel Ganón, quien patrocina a la mujer que le abrió las puertas de su casa a Valentín y lo ayudó a alejarse del mundo de las drogas.

Los vecinos de Cabín 9, al límite de Pérez, relataron en más de una oportunidad que la consolidación de Los Cuatreros en el barrio, una banda que de empezó a vender droga en 2007 y recién desarticulada el año pasado tras múltiples allanamientos, fue posibles gracias a la connivencia policial. En la zona era un secreto a voces que los policías de la Comisaría Sub 18 recibían coimas para no perseguir a los vendedores de droga.   

La complicidad quedó al descubierto el día que se atrapó a parte de esta organización con el secuestro de bolsas de PVC --utilizadas en el negocio narco--, que estaban escondidas en un camión incautado por esa dependencia policial. El hallazgo derivó en una investigación paralela de Fiscalía. A los pocos días, un patrullero estacionado en la puerta de la comisaría fue baleado por desconocidos que se movilizaban en una camioneta, lo que se leyó como una represalia de los narcotraficantes por “perder” esa mercadería.

Pero la CIDH ya había puesto la lupa sobre la Comisaría Sub 18, según explica Ganón, en 2015 en el caso de Brian Fernández, un chico de 15 años hostigado y torturado por efectivos de ese ese establecimiento policial.

El calvario de Brian comenzó el 22 de agosto de 2015 cuando salió a dar una vuelta en moto con un amigo. Luego de sentarse en un banco para ver un partido de fútbol en una canchita municipal, los adolescentes emprendieron viaje hacia la casa de otro compañero.

Al llegar a una esquina, un ex policía los amenazó que si seguían haciendo “cortes con la moto” (explosiones de válvulas) los iba a matar. Al dar la vuelta a la manzana, el hombre disparó cinco disparos, hiriendo a Brian, quien quedó tumbado en el asfalto y tuvo que ser hospitalizado de urgencia.

Según la reconstrucción que hizo el Ministerio Público de la Defensa,los policías que llegaron al lugar levantaron la moto y la trasladaron hasta la puerta de la casa del agresor, dispararon contra la fachada del inmueble y “plantaron” un arma modelo Bersa calibre 22 para inculpar a los jóvenes.

El 9 de diciembre del 2015, el chico brindó testimonio en la fiscalía por ese hecho, sufriendo días más tarde un allanamiento ilegal en su domicilio. El hostigamiento continuó con una detención arbitraria y una lesión producto de un disparo de escopeta con postas de goma efectuado por un policía que lo interceptó en la calle. Ante la seguidilla de hechos, el Ministerio Público de la Defensa presentó una medida cautelar ante la CIDH para que se pronuncie en el caso.

A su vez, se solicita la intervención de la Dirección Provincial de Niñez para resguardar la integridad física del chico y se organiza un comité con Seguridad Comunitaria y la Subsecretaría de Derechos para presentar un único escrito ante el Ministerio Público de la Acusación y Asuntos Internos del Ministerio de la Seguridad con la finalidad de “visibilizar la problemática en relación a una posible inacción jurisdiccional y el accionar de personal policial en desmedro de la integridad física de Brian Fernández”.

El 28 de Abril de 2016, un patrullero volvió a encerrar al chico y a un amigo, quien logró escapar. A Brian, que no pudo correr por las lesiones de la balacera, lo trasladaron a la Comisaría Sub 18, donde lo “colgaron” durante dos horas con las esposas de unos barrotes exigiéndole que de información sobre un amigo suyo. “Fue hostigado, golpeado y no le entregaron ni los alimentos ni la ropa que le había acercado su madre, manteniéndolo incomunicado, desde las 8 de la mañana de ese día hasta las 21, momento en el cual es trasladado al Irar”, señala el informe de la Defensoría.

En mayo, la CIDH mediante la resolución N° 34/16 consideró que el caso reunía elementos de “gravedad y urgencia”, por lo que la vida e integridad de Brian estaba en peligro. El diciembre, el organismo internacional utilizó su caso junto a otros similares para sentenciar que el gobierno de Santa Fe “incumple su deber de detectar, prevenir, sancionar y erradicar la tortura en la provincia y reparar y rehabilitar a las víctimas”.