El documento que pone en duda la habilitación del laboratorio Apolo
La concejala Fernanda Gigliani pidió explicaciones al municipio luego de recibir, de manera anónima, un certificado que revela que el laboratorio no había pasado el trámite de habilitación en febrero de este año
María Fernanda Gigliani aseguró tener documentación que prueba que el laboratorio Apolo, que quedó destruido tras la explosión de una caldera este lunes por la madrugada, se encuentra en una situación dudosa sobre el estado de su habilitación por la Municipalidad de Rosario, ya que la última autorización había vencido el 9 de diciembre de 2011.
La concejala del bloque Iniciativa Popular contó a Rosarioplus.com que recibió la información sobre las irregularidades en el laboratorio a partir de una denuncia anónima con documentos, donde se observa “una situación poco clara sobre el estado de la habilitación para su funcionamiento”, ya que al vencimiento de 2011 se suma que entre enero y abril de este año el laboratorio hizo pedidos de certificados de Libre Uso y Afectación (Lula), que no fueron admitidos por el municipio, y sin embargo “el subsecretario de Control y Convivencia Guillermo Turrín expresó que tiene la renovación en trámite”.
Otra situación irregular que marcó la concejala refiere a la localización del laboratorio, ya que funciona dentro del “segundo anillo perimetral”, que no admite el uso de industrias restringidas, o sea riesgosas.
En 2012 se modificó la normativa urbanística de la ciudad en el segundo anillo, bajo el cual se encuentra el laboratorio Apolo, y cuando pretendieron renovar su habilitación no pudieron avanzar porque tenía una actividad no admitida.
Entre las irregularidades más notorias, Gigliani denunció que una de las calderas no fue habilitada por la Empresa Provincial de la Energía, como lo requieren los requisitos de la ley provincial 1373. También precisó sobre “un cambio de manos en la propiedad de la empresa en el año 2013, lo cual implica una nueva revisión para transferir la habilitación del local”.
“Si estaba habilitado el laboratorio, habrá que ver cómo pudo ser así estando ubicado en un anillo perimetral prohibido, y tras la negativa del certificado Lula, y trabajaba sin habilitación, hay que investigar de qué forma sorteaba las inspecciones municipales”, advirtió la concejala, quien precisó que escuchó a cuatro trabajadores asegurar que “nunca vieron una inspección”.
Gigliani emitió un pedido de informes a la Municipalidad de Rosario para aclarar esta situación, donde pidió explicaciones sobre la aprobación o no del control de precursores químicos (que debe ser aprobado por el Registro Nacional de Precursores Químicos del SEDRONAR), y precisiones sobre si esta empresa es proveedora de insumos al municipio.