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El gobierno nacional tomó finalmente intervención en la búsqueda del mochilero Santiago Maldonado, luego de tomar una actitud pasiva durante varios días, pero lo hizo a su manera: resolvió ofrecer una recompensa de 500.000 pesos para quienes "brinden datos útiles que sirvan para dar con el paradero" del muchacho desaparecido la semana pasada en Chubut, durante una protesta mapuche reprimida por Gendarmería Nacional. La medida fue resuelta a través de la resolución 801 del Ministerio de Seguridad, publicada este martes en el Boletín Oficial.

Además, este lunes, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (ONU) exigió al estado argentino una "acción urgente" en la "búsqueda y localización" del joven que desapareció hace una semana luego de que Gendarmería desalojara una protesta de la comunidad mapuche Lof de Cushamen sobre la ruta 40, en Chubut.

"Ofrécese como recompensa, dentro del territorio de la República Argentina, la suma de $500.000, destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en el hecho delictual, brinden datos útiles que sirvan para dar con el paradero de Santiago Andrés Maldonado", resuelve la disposición.

En ese marco, señala que el joven, oriundo de La Plata pero residente en El Bolsón, "habría sido visto por última vez el día 1 de agosto de 2017 en el paraje Vuelta del Río y/o Paraje Leleque, Departamento de Cushamen, provincia de Chubut, desconociendo al momento su paradero".

La resolución de la cartera de Seguridad indica luego que "las personas que quieran suministrar datos, deberán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia al 0800-555-5065".

El domingo, el Juzgado Federal de Esquel difundió un comunicado en que afirmó que no hay indicio que confirme que el joven de 28 años haya sido detenido por Gendarmería. Sin embargo, su familia insiste en responsabilizar a la fuerza por su desaparición.

Por su parte, el Grupo de Trabajo de la ONU pidió al estado argentino "todas las medidas urgentes que sean necesarias para buscarlo y localizarlo, tomando en cuenta los datos proporcionados por los miembros de la comunidad mapuche Pu Lof, presentes durante la acción represiva", según difundió hoy el Cels.

De acuerdo con la denuncia de familiares y organizaciones de derechos humanos, Maldonado estaba en ese momento en el lugar, y luego del operativo no se tuvieron más noticias del él, por lo que la fiscal de Esquel Silvina Alejandra Ávila inició "una investigación penal por desaparición forzada" y sobre "posibles irregularidades en el procedimiento llevado a cabo por la Gendarmería Nacional el 1° de agosto pasado, que podrían estar relacionadas con aquella hipótesis delictiva", según informó el sitio del Ministerio Público Fiscal.

El comité pidió al gobierno que garantice "la efectiva conservación, resguardo y análisis de todos los elementos de prueba que ya obran en la investigación o puedan llegar a hacerlo y que podrían permitir determinar la ubicación del señor Santiago Maldonado y la identidad de las personas responsables de su desaparición".

El Juzgado Federal de Esquel a cargo de Guido Otranto comunicó hoy que, "hasta el momento, no se ha corroborado que Santiago Maldonado haya sido detenido por la Gendarmería, lo que fue luego resaltado por Bullrich, quien advirtió que no hay indicios de que el desaparecido haya estado en el lugar "porque todas las personas estaban encapuchadas".

Sin embargo, el comité de la ONU solicitó que "la Gendarmería Nacional Argentina se abstenga de participar en la búsqueda e investigación de la desaparición", entre otras medidas.