El municipio insiste en que el laboratorio Apolo tenía todo en regla
La concejala Verónioca Irízar le respondió a su par Gigliani, quien había difundido un documento que ponía en dudas la habilitación del laboratorio que explotó este lunes. A su vez, desde la Municipalidad mostraron papeles para demostrar la legalidad del funcionamiento de la empresa
Luego de que la concejala Fernanda Gigliani pusiera en duda la habilitación del laboratorio Apolo, cuya caldera explotó este lunes provocando el derrumbe de la estructura y heridas a cinco personas, desde el oficialismo salieron rápidamente a responderle. Su par en el Concejo, Verónica Irízar, indicó que documento difundido por la edila Gigliani es de dudosa “procedencia”, y afirmó que el municipio cuenta con la documentación que demuestra que la empresa de zona sur estaba habilitada. En ese sentido, desde el Ejecutivo dieron a conocer una serie de archivos que prueban las habilitaciones al laboratorio.
Por su parte, Irízar apreció como “prematuro” culpar al municipio cuando aún no se terminaron las pericias que determinarán la causa por la cual explotó una de las calderas del laboratorio. “Somos respetuosos de su resultado”, precisó, y aclaró que sí cuenta con inspecciones municipales. “No sé la procedencia del documento que recibió la concejala Gigliani, y no dudo de la honestidad de la edila, pero yo puedo mostrar los certificados de Libre Uso y Afectación que muestran que fue admitido por la Municipalidad”, recalcó.
Consultada por Rosarioplus.com por la ubicación del local dentro de un perímetro que no admite el uso de industrias riesgosas como denunció Gigliani, la ex secretaria de Hacienda explicó que “el Código Urbano y la ordenanza 9144 de suelo industrial prevén que las empresas que fueron localizadas de manera previa a la normativa puedan mantener su ubicación y renovar su habilitación sin inconvenientes, como modo de excepción”. Sucede que hay muchas empresas en esta misma situación, “y no se les puede exigir una mudanza siempre que tenga los mismos parámetros, o sea no cambiar de rubro ni ampliación”. La excepción busca dar seguridad jurídica a las empresas que ya estaban radicadas en un lugar físico sin cambiar de rubro o extensión.
En respuesta a la consulta de Gigliani sobre una supuesta falta de habilitación de una de las dos calderas por parte de la EPE, Irízar aseguró que “desde septiembre de 2015 el municipio pidió documentaciones sobre las calderas, y la empresa cuenta con la aprobación tanto de la EPE como también de gasistas matriculados y de Litoral Gas”. De esta forma dejó en claro que desde marzo de este año, las dos calderas, una antigua y una nueva cuentan con la habilitación, luego de las aprobaciones y las inspecciones municipales.
La cronología de habilitaciones
La ex funcionaria de la cartera de Hacienda recordó que el laboratorio Apolo S.A está habilitado desde 1998, y como fue creado antes de la nueva normativa, fue sin fecha de caducidad. Sin embargo aclaró que “una inspección realizada en 2011 el Municipio le pidió que se adecúe a la nueva ordenanza”.
Luego en 2012 la empresa entró a concurso de acreedores por problemas económicos, y no estuvo activa durante ese año ni los dos años subsiguientes, hasta que sus dueños decidieron rehabilitarlo nuevamente en septiembre de 2015.
Precisó que “desde su apertura hasta entonces el laboratorio tuvo 20 inspecciones, y luego de septiembre hubo otras tres inspecciones más para darle habilitación correspondiente”.
Finalmente Irízar aclaró que la Municipalidad de Rosario no es cliente de la empresa desde 2005.