El fiscal federal de la ciudad de Rafaela, Gustavo Onel, solicitó que la causa que investigó la desaparición del niño Maximiliano Sosa, de tres años, de la ciudad de Ceres sea elevada al Tribunal Oral Federal de Santa Fe para su posterior juicio oral y público.

El caso tiene como imputados a la abuela del menor, Patricia Sayago y su pareja, Ariel Malagueño, los cuales, desde el inicio de la investigación, que se tramitó en la Justicia provincial y después cambió al fuero federal, estuvieron imputados en la causa. 

El Ministerio Público Fiscal les atribuye haber sustraído al pequeño cuando tenía tres años de edad, entre los días 18 y 21 de diciembre de 2015. No obstante el requerimiento para ir a juicio, persisten las medidas probatorias tendientes a establecer el paradero del niño y la investigación de un presunto tercer involucrado.

En concreto, el fiscal acusa a Sayago y su pareja de haber retenido y ocultado al niño en el inmueble donde habitaban los imputados, conocido como el “Chalecito”, ubicado en la localidad de Colonia Montefiore, también en Santa Fe, cuanto menos hasta el 26 de junio de 2016.

Además, a la mujer se le atribuye haber efectuado una falsa denuncia el 21/12/2015 en la sede de la Comisaría Segunda de Ceres. Allí había afirmado, entre otras cosas, que en esa fecha habría desaparecido su nieto de su domicilio de calle Juan Delgado S/N del Barrio Juan Pablo.

Actualmente se encuentran actualmente bajo la medida cautelar de prisión preventiva desde julio del 2016, cuando fueron detenidos por personal de la Agencia de Investigación de Trata de Personas.

Por el caso también fue vinculado a la causa y también procesado un hombre identificado como Pablo Américo Pinedo, el cual fue catalogado por el entonces juez federal Miguel Abásolo como “partícipe primario” de la desaparición del niño. Sin embargo, aquel fallo fue apelado por las defensas de los imputados por lo que un tribunal de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario (jueces Anibal Pineda y Guillermo Toledo) dictó la falta de mérito contra Pinedo.

El caso lleva más de cuatro años tramitándose entre el fuero provincial y federal.