Días atrás, el gobierno de Santa Fe presentó el proyecto de Presupuesto 2017, la brújula económica y financiera a la que se aferrará el poder Ejecutivo una vez que el calendario cambie de año. Los números marcan que habrá dos grandes prioridades: la obra pública y la seguridad.  “Dicen que el presupuesto debe ser el reflejo de un proyecto de gobierno. Es la expresión en números del objetivo, de las metas de las estrategias que un gobierno se plantea para llevar adelante y creo que nunca mejor que en este caso esa definición”, dijo el gobernador Miguel Lifschitz al poner las cifras sobre la mesa.

La provincia estima contar con 154.900 millones de pesos, un 40% más respecto al presupuesto 2016. En la página 40 del capítulo 2 de un proyecto que ahora está en manos de los senadores para su tratamiento legislativo se especifica la composición del gasto por entidad, es decir los recursos con los que contarán los ministerios y las secretarías que conforman la administración central.

El ministerio de Obras Públicas fue el más beneficiado respecto al 2016. Recibirá 2.964 millones de pesos, un 164% más que el año pasado. A este número hay que sumarle el dinero con el que contará el flamante ministerio de Infraestructura y Transporte (más de 7 mil millones) y demás erogaciones de capital repartidas en otras oficinas. El incremento en obras será entonces del 225% respecto al 2016.

Seguridad es otra dependencia beneficiada en la repartija. En esta oportunidad, su partida creció  un 41%: con 15.027 millones de pesos vuelve a ser el segundo ministerio con más recursos, por debajo de Educación (31.838 millones) y por encima de Salud (11.474 millones). El ministro Maximiliano Pullaro contará con un monto casi seis veces superior al que tendrán Desarrollo Social  y la Secretaría de Hábitat (2.725 millones en total), dos áreas claves y sensibles en lo que respecta a políticas sociales.

En los últimos 9 años, ningún ministerio creció tanto a nivel recursos como Seguridad. En 2009, cuando la cartera apareció por primera vez en el presupuesto --fue creada a fines del 2007 tras la asunción de Hermes Binner--, contó con 1.231 millones de pesos. En 2017 ese monto sufrirá un crecimiento del 1.120%, una cifra récord en la comparación de todas las planillas.

Lo sigue Salud, con un 937% de aumento, el ministerio de Gobierno y Reforma del Estado (854%), Producción (704%) y Educación (642%). Desarrollo Social creció la mitad que Seguridad, tan solo un 559%.

En tanto, la Secretaria de Hábitat (creada en 2012), incrementó su partida en apenas un 170%. En 2017 recibirá 468 millones de pesos. En esta dependencia funcionan los programas “Mi Tierra mi Casa” y de los proyectos de intervención integral de barrios y asentamientos irregulares.

Más números

En 2011, Seguridad estaba por detrás de Salud en el reparto de recursos. La diferencia fue mínima, de 11 millones de pesos (1.859 millones vs 1.848), pero contundente en cuanto a necesidades y prioridades en aquellos años de gestión. La tendencia se modificó en 2012 y nunca se revirtió.

Los saltos más bruscos se dieron en los presupuestos de 2015, 2016 y 2017. Seguridad tuvo tres abruptos incrementos: de 4.588 millones (2014) escaló primero a 7.279, luego a 10.620 y por último a 15.027. Mientras que Salud dio pasos más cortos: 4.168, 6.089, 8.400 y 11.474  

Hoy, casi el 10% del total del presupuesto se transfiere al ministerio de Seguridad. En 2009, esa incidencia era del 7%. Ese año, Salud y Educación se llevaban el 31% de los recursos de la administración central. Ante la apuesta de reforzar las partidas de seguridad, la cifra será del 27% en 2017. 

Cargos y detalles de los gastos

El ministerio de Seguridad tiene 28.570 trabajadores, 4.445 más que los que están en la órbita de Salud (24.115). La diferencia con Desarrollo Social es abismal, dado que esta dependencia cuenta con 3.099 personas entre trabajadores de planta y contratados.

La mayor parte de la inversión en Seguridad se destina a la protección de personas y bienes (10.363 millones), como así también a la asistencia de seguridad pública y prevención ciudadana (2.637 millones). Otros gastos menores van para las juntas de seguridad comunitaria (13 millones), la prevención de actividades ilegales del personal policial (8 millones) y registro de control de las agencias privadas (más de un millón).

En lo que respecta a la composición del gasto de Desarrollo Social, el dinero se destina a “desarrollo territorial” (1.065 millones), “secretaría de políticas sociales” (684 millones), “promoción y desarrollo del deporte” (103 millones) y “secretaría de integración social (193 millones), entre otros gastos.

Los programas “Mi tierra mi casa” y de intervención a barrios y asentamientos irregulares demandan una inversión de 553 millones de pesos, tres veces menos de lo que el Estado debe gastar para la custodia y guarda de procesados y condenados (1.635 millones).

La voz que pide fortalecer las partidas sociales

Al leer el detalle del presupuesto 2017, la diputada justicialista Patricia Chialvo presentó un pedido de comunicación instando al Ejecutivo a incrementar sustancialmente las partidas presupuestarias previstas para los programas sociales destinados a la atención de los sectores más vulnerables.

"Actualmente los programas y proyectos que está llevando adelante el Ejecutivo presentan dos dificultades: una es la debilidad de las instituciones que implementan estos programas y el otro problema es la asignación presupuestaria. Concretamente con la falta de dinero y recursos para ejecutarlos correctamente", afirmó.

Asimismo, la legisladora con vasta trayectoria en "trabajo social", advirtió que ven con preocupación que actualmente desde el gobierno provincial se esté trabajando en las cuestiones de seguridad solamente desde el hecho consumado. "Nosotros estamos planteando fortalecer a las instituciones, dotarlas de recursos y ponerlas en valor, dado que trabajan día a día en la contención de los sectores vulnerables", reflexionó.

Pide duplicar la participación porcentual de Desarrollo social y Hábitat en el presupuesto total de la administración provincial. “Hay que poner el foco sobre las causales de orden social que actúan como generadoras o potenciadoras de un contexto favorable para el desarrollo de la violencia y el delito", concluyó.