Unas 300 personas marcharon por las calles rosarinas uniendo la Comisaría 7ma de Catamarca y Cafferata con los Tribunales Federales de Oroño y Rioja, reclamando el procesamiento y prisión para los 30 policías imputados por la desaparición y crimen del joven Franco Casco en octubre de 2014. Mientras el juez federal Carlos Vera Barros ampliaba las declaraciones de cinco de los uniformados detenidos, los familiares y allegados del muchacho oriundo de Florencio Varela pidieron que se aceleren los tiempos para que se inicie el juicio.

Las columnas de manifestantes, encabezadas por familiares y allegados de Franco Casco y de varios jóvenes que fueron también víctimas de violencia institucional en Rosario, se prolongaban por alrededor de tres cuadras. Más atrás, se pudieron ver organizaciones sociales y partidos políticos. Instantes antes de llegar a los Tribunales Federales, encendieron unas antorchas.

“Es el momento de que el juzgado acelere los tiempos para que haya pronto juicio”, indicó el abogado Nicolás Vallet, representante de la familia de Casco. El letrado entiende que cuando este jueves Vera Barros culmine con las ampliaciones de indagatorias, ya será tiempo de “resolver la situación procesal y cautelar, es decir si continuarán detenidos”.

“Fueron tres años de mucha investigación y de espera por parte de la familia, pero creemos que se ha investigado a fondo”, indicó. Asimismo, Vallet aseguró que “la causa de Franco Casco tiene muchos paralelismos con lo que es hoy el caso de Santiago Maldonado, especialmente el modo de accionar por parte del poder político frente a los medios de comunicación”.

Mientras tanto, la causa sigue moviéndose.  Entre el 4 y el 8 de septiembre declararon los agentes que ocuparon cargos en las guardias de los días 6 y 7 de octubre en la Séptima, donde Casco habría pasado sus últimas horas, y agentes de la Dirección Provincial de Asuntos Internos, de quienes se sospecha que participaron del encubrimiento de los hechos ocurridos en ese recinto. Entre el miércoles y este jueves, cinco de los policías detenidos ampliaban sus indagatorias. En tanto, este jueves vence el plazo para que el Juzgado Federal 3 decida el procesamiento de los imputados.

De acuerdo a la investigación del fiscal federal Marcelo Degiovanni, el joven fue privado ilegalmente de la libertad el 6 de octubre en la cuestionada seccional de Rosario luego de despedirse de sus parientes para regresar en tren a la estación porteña de Retiro.

El fiscal considera probado que Casco fue golpeado durante horas en un calabozo para detenidos transitorios de la comisaría hasta matarlo. Entre los detenidos se encuentra una médica policial, María Zelaya, que afirmó haber revisado a Casco en la seccional pero sus dichos quedaron en duda al constatarse que esa noche firmó cuatro revisiones de arrestados en diferentes comisarías en sólo 45 minutos, confiaron fuentes del caso. También quedaron involucrados en la causa un médico y dos odontólogos del Instituto Médico Legal de Rosario (IML).