Un capítulo importante del conocido "lawfare santafesino" o guerra jurídica contra el ex ministro Marcelo Sain y tres de sus funcionarios se cerró luego de que la Fiscalía de Santa Fe los imputara este miércoles por supuestas irregularidades en una licitación pública para la compra de armas policiales. 

La licitación por la que fueron imputados fue por la de una compra - que no llegó a efectuarse - de 12 mil pistolas semi automáticas, 130 fusiles de asalto, 130 subametralladoras, y 12 fusiles para francotiradores, con un presupuesto estimado de 17.103.543,60 de dólares, que habría sido arreglada para que una empresa oferente quedara fuera de carrera y una determinada competidora tuviera servida la adjudicación para proveer ese armamento. Pero además de eso, el escándalo de su salida del Ministerio de Seguridad se destapó tras las tareas de espionaje ilegal que el MPA le endilga a la gestión Sain sobre funcionarios, periodistas y empresarios.

Además de Marcelo Sain, los imputados fueron el ex secretario de Seguridad Pública –de iniciales EGM y 54 años– y el ex subsecretario de Gestión Técnica y Administración Financiera de la cartera provincial –de iniciales MN, de 50 años. A los tres se les atribuyó la coautoría de los delitos de negociaciones incompatibles con el cargo y tentativa de defraudación a la administración pública provincial, y el monto total de la adjudicación fraudulenta que intentaron asciende, según consignó el propio MPA, a 17.103.543 dólares.

En la audiencia realizada este miércoles por la mañana por vía Zoom, la Fiscalía sostuvo que “abusando de su condición de funcionarios públicos los tres imputados realizaron maniobras defraudatorias en el marco de la licitación pública número 11/2021 por la compra de armas para la Policía de la Provincia de Santa Fe, que tuvo como objetivo beneficiar indebidamente al grupo empresario Emprendimientos Grupo Patagónico SRL”.

Los fiscales a cargo del caso precisaron en torno a su imputación que “las intervenciones indebidas de los funcionarios en el proceso licitatorio comenzaron, al menos, el 28 de mayo de 2020. Según se indicó, consistieron en la realización de acciones ardidosas para impedir a potenciales oferentes efectuar una cotización separada por cada rubro. De esta manera, según la imputación fiscal, el exministro de Seguridad de la provincia, el exsecretario de Seguridad Pública y el ex subsecretario de Gestión Técnica y Administración Financiera buscaron generar condiciones especiales en la licitación para que la compra de armas solo pudiera ser adjudicada a Emprendimientos Grupo Patagónico SRL, empresa a la que ellos ya habían escogido previa e ilegítimamente”.

Al momento de realizar la imputación, la Fiscalía informó que esas condiciones especiales que definieron los imputados para la licitación pública consistieron en confeccionar un pliego de bases y condiciones particulares en el que se detalló que la cotización del armamento no se podía cotizar parcialmente por renglones, ni por parte de los renglones.

Este jueves se completarán las imputaciones con la atribución delictiva a un ex jefe de la División Logística de la Policía. Luego la Fiscalía solicitará nuevamente que se fije día y hora de audiencia para debatir las medidas cautelares.