El juez Román Lanzón dictó prisión preventiva por 30 días para Alejandro Mercado, un abogado de 41 años acusado de haber baleado por la espalda hace dos años y medio al funcionario de la Fiscalía de Estado y reconocido abogado Guillermo Peyrano, presuntamente por haber descubierto un fraude inmobiliario a su consuegra.

La causa por la que ahora se lo imputa resonó fuerte en la ciudad en su momento. Peyrano fue atacado en la espalda de dos balazos, en la céntrica esquina de España y Santa Fe, luego de haber dado una charla sobre seguridad, habiendo dejado su auto en una cochera. Fue el 28 de mayo de 2015.

La fiscal Marisol Fabbro acusó a Mercado de haber intentado matar a Peyrano, aunque ya cumplía prisión preventiva en Villa María, Córdoba, por haber colocado un navegador satelital en un auto de otra familia estafada y fue trasladado a Rosario por pedido de la Justicia por la causa de Peyrano.

Para Fabbro, el móvil del ataque fue un caso en el que Peyrano litigó en su contra por intentar apropiarse fraudulentamente de un campo de la consuegra de 400 hectáreas y una propiedad, ambos inmuebles valuados en 14 millones de dólares.

El ahora detenido con preventiva habría actuado con la complicidad de sus padres: su papá tiene una condena firme por estafa por en intentar apoderarse de tres estancias valuadas en 40 millones de dólares, y de haber amenazado a Peyrano y a su familia a través de WhatsApp y notas que iban acompañadas de una bala.

En la audiencia Fabbro lo imputó de homicidio en grado de tentativa agravado por el uso de arma de fuego en concurso real y portación ilegal de arma de fuego en calidad de autor. Mientras que el defensor Paul Krupnik rechazó los argumentos de la fiscal y la acusó de “relatar una historia de estafas que pierde sentido por un hecho puntual: la mayoría de los testigos presenciales del ataque a Peryrano declararon que quien disparó fue un hombre canoso, característica que no coincide con la del acusado”.

Sin embargo, el juez entendió que estaba acreditada la apariencia de responsabilidad del imputado ya que había elementos probatorios suficientes, y que dejarlo en libertad podría suponer poner en riego la investigación.