La inauguración de la nueva Alcaidía Regional fue anunciada con bombos y platillos por funcionarios provinciales. El gobernador Miguel Lifschitz y el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, tiraron flores al flamante edificio ubicado en la zona sudoeste de Rosario y anticiparon que la obra permitirá que ya no haya detenidos en las comisarías. Pasó poco tiempo para que se desnuden irregularidades de distinto tipo.

La Defensoría Regional efectuó una inspección en el lugar donde fueron alojadas las mujeres que antes se encontraban en la Unidad Penitenciaria 5 y la Alcaidía de Mujeres. Funcionarios de la Unidad de Ejecución Penal y de la Oficina de Asistencia al defendido Víctima de Violencia Institucional revisaron el lugar y se entrevistaron con las internas. Días después se conoció el informe, y el mismo revela que “las condiciones de alojamiento no satisfacen los estándares mínimos exigidos a nivel internacional en materia de encierro, en particular por las Reglas Mandela”, según comunicaron.

El informe señala que “existen problemas comunes que afectan a la totalidad de los espacios visitados”. La Defensoría afirmó que escasean artefactos para mantener los alimentos y lavar la ropa, hay problemas de larga data por la falta de atención médica, falta agua potable, los sanitarios no funcionan correctamente, falta electricidad, no hay salida al patio, y se hace difícil la comunicación con el exterior ya que las internas no poseen teléfonos públicos ni celulares para comunicarse con familiares o abogados.

Según el reporte, la situación se agrava en el módulo B del Pabellón 2, lugar donde conviven las internas con sus hijos menores de edad. Las mujeres entrevistadas afirmaron que han tenido problemas con los refuerzos alimentarios para sus hijos y para asistir en los turnos programados a los hospitales, siendo la mayoría por consultas pediátricas u obstétricas.

Mismo panorama en Richieri y Zeballos

Personal del Registro Provincial de Casos de Violencia Institucional y afectaciones de Derechos Humanos perteneciente a la Defensoría Provincial, visitaron la Unidad Penitenciaria Nº 3. El edificio quedó en el centro de la polémica el 31 de enero pasado cuando Mariano Sebastián Delgado murió electrocutado en circunstancias que se investigan.

Los resultados de la inspección no fueron diferentes en relación con la nueva Alcaidía. Según el informe, todos los pabellones inspeccionados (hay 272 internos) cuentan con similares problemas de infraestructura: condiciones edilicias muy deterioradas, instalación eléctrica precaria sin disyuntor y con cableado casero expuesto. Además, el desagüe cloacal está tapado causando por momentos que rebalse de materia fecal.