El ingreso de las aerolíneas "low cost" al país permite que los argentinos consigan pasajes más baratos y a una mayor cantidad de destinos, según aseguran desde ese sector del negocio aerocomercial. No obstante, el aumento de aviones en el cielo nacional demanda una intensa planificación del tráfico aéreo, para que el aire argentino no sean un caos. Por esto, el juez federal Sergio Torres pidió un informe "pormenorizado" al Ministerio de Transporte de la Nación y otros organismos sobre las gestiones en curso o pensadas a futuro para "garantizar la seguridad del tráfico aéreo y el uso racional del espacio" ante la asignación de nuevas rutas aéreas con la incorporación de las llamadas "low cost".

"Deberán poner en conocimiento del tribunal si se encuentran dadas las condiciones de seguridad, tanto en términos operacionales como en efectividad del sistema, en el marco de las actividades propias de aeronavegación a nivel nacional e internacional en todas las estaciones aéreas y, en particular, aquellas que se desarrollan en el Aeroparque 'Jorge Newbery' y en el Aeropuerto Internacional 'Ministro Pistarini' de Ezeiza", resolvió el juez al enviar los oficios con pedidos de informes según su resolución difundida hoy.

La resolución abarcó al Ministerio de Transporte, a la Administración Nacional de Aviación Civil y al Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, en el marco de la causa que investiga las rutas aéreas asignadas a la empresa "Avián Líneas Aéreas" y "Fly Bondi Líneas Aéreas SA", según la resolución.

También, se pidió al "titular de la empresa Aeropuertos Argentina 2000 y al presidente de London Supply Group la elaboración de informes relativos a las inversiones destinadas y/o que a futuro se pretenden efectuar en infraestructura, instalaciones, modernización tecnológica o cualquier otra mejora en las estaciones aeroespaciales que administran".

El pedido de informes fue cursado en el marco de esa investigación originada en una denuncia de los diputados del Frente para la Victoria Rodolfo Tailhade y Juan Cabandié contra el presidente Mauricio Macri , su padre Franco, y empresarios de Avianca, y que fue impulsada por el fiscal federal Jorge Di Lello.

"Teniendo en cuenta la incorporación de nuevos operadores y rutas aéreas, el incremento de operaciones que ocurrirá a partir del 2018 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y aquellos eventos que podrían implicar un movimiento adicional de personas y maquinarias; entiendo pertinente requerir al señor Ministro de Transporte de la Nación, al Administrador Nacional de Aviación Civil; y al presidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos –a través de la/las gerencia/s que estime pertinente/s-; la elaboración de un informe pormenorizado", consideró el juez.

En los oficios, además, fueron requeridos datos sobre "las gestiones que se han concretado, se encuentran en curso o que en lo sucesivo se implementarán, tendientes a garantizar la seguridad del tráfico aéreo y el uso racional del espacio", según la resolución.