Junta de Seguridad: caja de resonancia para el clamor popular y opositor
El organismo que reúne a los tres poderes del Estado en torno al problema de la seguridad pública discutió en torno al rumbo del gobierno en materia de violencia urbana, política carcelaria y la asistencia de Nación en el envío de agentes federales.
La Junta Provincial de Seguridad se reunió este martes en Santa Fe, con la espiral de violencia urbana, homicidios y balaceras que asuela a Rosario como telón de fondo, sumada a la crisis que se da en la política penitenciaria local ante el incremento de la población carcelaria que volvió a derivar personas detenidas en comisarías.
Con 82 asesinatos en menos de 4 meses de 2022, los legisladores de la oposición cargaron sobre el Ejecutivo. Y le reprocharon la falta de un plan de seguridad, y la descoordinación con el Gobierno nacional en la materia. Los enviados de Omar Perotti (ausente con aviso) pidieron que la reunión no se transforme en una interpelación constante al gobierno.
Afuera, miembros de la Asociación de Familiares y Víctimas de la Inseguridad entregaron un petitorio a los integrantes de la Junta, y dio pie a los planteos de la oposición.
El encuentro se desarrolló en El Molino Fábrica Cultural, de Santa Fe, y fue presidido por la ministra de Gobierno, Celia Arena, acompañada por Corach y su par Seguridad, Jorge Lagna. Estuvieron legisladores de todos los bloques, ningún juez, el fiscal general Jorge Baclini, y el procurador Jorge Barraguirre.
Arena valoró la reunión como positiva, ya que “se debatió incrementar el nivel de respuestas más rápidas y efectivas de acuerdo a la responsabilidad institucional que los 3 poderes tenemos y que conformamos la Junta".
En esa línea, se refirió al armado “de mesas de trabajo específicas con los temas que se fueron planteando en los encuentros que mantuvimos y reforzar desde el mecanismo de abordaje integral de las violencias hasta cuestiones más puntuales”.
“La postura del gobernador es avanzar velozmente en las obras que se vienen llevando a cabo, muchas licitadas, adjudicadas y otras prontas a inaugurar. Esto lo demostró ya con la decisión de fortalecer el accionar de la Justicia Federal en la provincia y en septiembre pasado gestionó ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado un inmueble para que funcione el sistema acusatorio federal para combatir la narco criminalidad y los delitos violentos en el territorio provincial, el Ministerio Público Fiscal, y la Procuración General de la Nación. Hoy ya lo tenemos en nuestras manos y para agilizar la puesta en funcionamiento ordenó la conformación de una Unidad Ejecutora, con la participación de distintos”, aseguró.
En tanto, Corach señaló que “el Estado provincial está realizando intervenciones principalmente en los barrios de Santa Fe y Rosario, en la mayoría de ellos el gobierno de la provincia tiene obras y se está trabajando en conjunto con los municipios”.
Y agregó: “Es fundamental el trabajo en conjunto porque nosotros solos no podemos, todos tienen que poner su parte, desde la justicia hasta los municipios, pasando por las organizaciones barriales y por supuesto el Estado provincial”.
Por su parte, Lagna describió la modernización del sistema de comunicaciones, “se realizaron dos licitaciones y estamos en proceso de ejecución. Esto es muy importante para la seguridad y la justicia agiornar todo el sistema del 911, la interconexión con patrulleros, drones y cámaras. Estos centros de operaciones especiales van a modernizar el sistema de comunicaciones de la fuerza de seguridad”.
Carlos Del Frade, del Frente Social y Popular, quiso poner en la agenda de la Junta el pedido de habilitar la investigación penal sobre el senador Armando Traferri, tal como exigen los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, sobre todo porque en los últimos días el nombre del sanlorencino volvió a sonar en el juicio oral contra Esteban Alvarado.
Traferri había estado en la primera reunión de la Junta, pero no en la de ayer. Tampoco asistió la vicegobernadora y titular del Senado, Alejandra Rodenas, ni el presidente de la Corte Suprema, Rafael Gutiérrez.
Ante los primeros planteos de la oposición, la ministra Arenas pidió que "no sea una reunión para interpelar al gobierno". Y los referentes del Ejecutivo buscaron explayarse sobre proyectos tecnológicos para sumar vigilancia al aparato de seguridad. "Hay cosas anteriores y más importantes –terció Del Frade– como establecer porqué las armas llegan tan fácil a los chicos, la superpoblación carcelaria y la ausencia de la Justicia Federal que sigue sin dar explicaciones".
El ministro Corach reconoció que "cuanta más inversión social, menos violencia", algo que al menos Del Frade valoró como señal.
El socialista Joaquín Blanco se fue con "una sensación de que el gobierno carece de reacción y no le encuentra la vuelta a la espiral de violencia en Rosario, a la sobrepoblación en cárceles y de nuevo con presos en comisarías". "Ni siquiera puede evitar que los detenidos dirijan delitos desde prisión", apuntó. Y aseguró que el propio ministro Lagna admitió que no hay coordinación con su par nacional, Aníbal Fernández, en cuanto a asistencia federal a Santa Fe.
“Quedó demostrado la debilidad que tiene el Gobierno de Santa Fe para hacer frente a la creciente problemática de la inseguridad en todo el territorio. No hay plan ni reacción ante todo lo que ocurre”, criticó el titular del bloque Socialista en Diputados.
“Esta segunda reunión nos dejó muy preocupados. Lamentablemente estamos igual o peor que en febrero. Todas las propuestas que se hicieron en la última reunión no tuvieron continuidad por parte del gobierno de Perotti”, reprochó.
“En los últimos 10 días, hubo tres fugas de comisarías (el 9, el 10 y el 19 del corriente mes) en Santa Fe, Santo Tomé y Pérez. En Rosario, este lunes por la noche, tuvimos que lamentar cuatro muertes en 40 minutos, que suman 15 víctimas fatales en la última semana. El gobierno no está a la altura de la gravedad del tema”, aseveró el diputado provincial.
El radical Juan Cruz Cándido pidió explicaciones sobre el envío de agentes de fuerzas federales por parte del gobierno nacional. "Este debe ser un espacio de trabajo, con metas y control de su cumplimiento. Así lo reclamamos. No es un mostrador para que el Ejecutivo se esconda y logre persistir en el estruendoso silencio que mantiene sin que no se le pregunte públicamente nada", apretó el diputado alineado con Maximiliano Pullaro.