La cacería policial de dos inocentes en Arijón y Callao sigue sin imputados

David Campos (28 años) salió a bailar el 22 de junio junto a su amigo Emanuel Medina (32). Puso su auto para la recorrida: un Volkswagen Up gris que había sacado del concesionario hacía dos meses con un plan de cuotas. La fiesta se extendió hasta la mañana del viernes. No se fueron a dormir y siguieron dando vueltas por las calles de la zona sur. A las 11.30 del viernes 23, el auto terminó contra un poste y los dos jóvenes acribillados por balas policiales.

La Policía instaló desde el primer momento la versión de que se trató de una persecución por un control evadido y que los ocupantes del auto estaban armados. Los familiares y los vecinos de la cuadra, en cambio, hablaron de “un fusilamiento”. En esa reconstrucción, los jóvenes se bajaron del auto con las manos en alto y a los pocos segundos recibieron una lluvia de balas.

La causa está en manos del fiscal Adrián Spelta, quien a los pocos días del hecho ordenó una serie de pericias para poder delinear la investigación. Los trabajos quedaron a cargo de la Policía Federal. Hay tres pruebas claves: la balística (para saber quiénes dispararon), el dermotest de las víctimas (para corroborar o descartar un fuego cruzado) y la información a recuperar de los teléfonos celulares de los 21 policías (Comando Radioeléctrico y PAT) involucrados.

En un principio fueron 19 los uniformados en la mira, pero los abogados de las víctimas lograron comprobar que otro móvil policial con dos policías estuvo esa mañana en el lugar. La defensa especula que ese patrullero, que a diferencia de los otros no tenía GPS, fue el que buscó las armas para “plantarlas” en el auto de los jóvenes.

Lo cierto es que a dos meses del hecho todavía no hay ningún resultado de estas pericias. Spelta les explicó a los familiares que no se puede avanzar en ninguna imputación sin los informes. Los 21 policías están, de momento, de baja pero en libertad.

El único avance en la causa se dio este miércoles con la constitución de las querellas, algo que tampoco dejó conformes a los familiares de las víctimas. Los padres de Campos lograron establecerse como querellantes, no así los de Medina, a quienes el juez les negó esa posibilidad bajo el argumento que ese rol debe ser cumplido para la madre de su hija.

Pero lo más grave, según le contó Germán, hermano de David, a Rosarioplus.com, estuvo en la inesperada presencia en la sala de varios de los policías que están siendo investigados. “Era una audiencia para fijar las querellas, no tendrían por qué haber de estado. Lo tomamos como una clara intimidación”, denunció.

Los familiares ya advirtieron en su día que la policía “merodeó” la esquina de Arijón y Callao en varias oportunidades para amedrentar a los testigos. Otro hecho grave ocurrió semanas atrás, cuando el mural que pintaron en homenaje a las víctimas fue vandalizado. “Les taparon los ojos. Para nosotros eso dice mucho. Nos quieren decir que no sigamos adelante”, aseguró preocupado Germán.     

Y concluyó: “Son muchos palos en la rueda, porque nos gustaría que los responsables de estos dos crímenes estén tras las rejas. Pero que sepan que no vamos a bajar los brazos, que vamos a luchar para que se haga justicia y por la memoria de los chicos”.

Emanuel trabajaba en un local de telefonía celular en Mitre y Córdoba. Era padre de una nena de cinco años. David era un operario metalúrgico en Villa Gobernador Gálvez. Vivía con sus padres, jugaba al fútbol en una liga amateur y era fanático de los autos.

Marcha nacional contra el gatillo fácil

Rosario adherirá con una movilización que partirá el lunes a las 17 desde los Tribunales provinciales a la marcha nacional contra el gatillo fácil, un reclamo que se replicará a la misma hora en muchas ciudades del país.

La convocatoria fue lanzada días atrás por la Multisectorial contra la Violencia Institucional, colectivo que denuncia, desde hace tiempo, que este flagelo es la “deuda más importante que tiene la democracia”.

“La violencia institucional recrudece actualmente en un contexto político, social y cultural que avala y habilita cada vez más decididamente estas prácticas represivas y violatorias de los Derechos Humanos”, sostiene la multisectorial.

“Estas prácticas --agrega la convocatoria-- son sistemáticamente negadas por el Estado, que no implementa políticas adecuadas para su prevención, detección y sanción, como tampoco se ocupa de garantizar el acceso a la justicia a las víctimas y sus familiares”.

Para la Multisectorial, el punto de inflexión llegó en 2013, año en el que Rosario registró un récord de homicidios dolosos. A partir de allí, “se intensificaron los casos de gatillo fácil.