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Se multiplican las voces que se oponen a la baja en la edad de imputabilidad. Desde la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes (DNNyA) manifestaron que se necesita avanzar sobre una nueva Ley de Justicia Penal Juvenil, pero que no disminuya la edad de imputabilidad.

“Reducir la discusión sobre la inseguridad a la edad en que se deberían aplicar penas a los jóvenes, es –cuanto menos-, simplista. La restricción de la libertad personal (y más aún de un joven) en los contextos de encierro hoy vigentes, profundizan las vulneraciones de derechos y están lejos de solucionar el problema que socialmente se reclama: la inseguridad”, manifestó el organismo a través de un comunicado oficial.

Desde el gobierno ya aclararon que todas las posturas se pondrán sobre la mesa. Incluso el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, se refirió puntualmente a la postura de Unicef que “no coincide” con la necesidad de bajar la edad de imputabilidad.

En ese sentido, desde la DNNyA manifestaron: “es innegable la responsabilidad que se debe asumir en avanzar hacia una adecuación normativa compatible y en línea con los nuevos paradigmas de protección integral, que cree un sistema especializado en línea con los estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos, garantizando el acceso a la Justicia y dejando como sanción excepcional (sólo en casos de extrema necesidad) la restricción de la libertad personal”.

La Defensoría recordó también que según estadísticas recientes los principales motivos por los que ingresan los adolescentes a instituciones cerradas del sistema penal juvenil responden a delitos contra la propiedad, representando estos alrededor del 60%; mientras que los delitos cometidos contra las personas rondan sólo el 15%.

“Lo que proponemos es dar un debate sobre los jóvenes que comience por el principio. Por el principio de la historia y por el principio del rol del Estado. Un Estado presente desde la primera infancia, donde  deberían verse fortalecidos los sistemas de protección integral para garantizar a niñas, niños, adolescentes, familias y sus comunidades derechos humanos fundamentales: una buena calidad de vida, el respeto a su identidad, el acceso a la atención integral de su salud en igualdad de oportunidades, el acceso a la educación pública y gratuita atendiendo a su desarrollo integral y orientada a la construcción de la ciudadanía, el derecho a la recreación y el deporte, el derecho a la dignidad y la integridad personal y a no sufrir ningún tipo de discriminación”, concluyeron.