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La desaparición del adolescente Valentín Reales volvió a visibilizar la situación crítica que atraviesa el barrio Cabín 9. El crecimiento del consumo de droga entre los jóvenes y la continua renovación en las bandas delictivas de la zona dejan al descubierto la falta de políticas de inclusión social y de prevención de adicciones.

"Lo que le pasó a Valentín es responsabilidad del Estado", afirmó Betina Zubeldía, una de las titulares del Punto de Encuentro Comunitario (PEC), perteneciente en la red de la Sedronar, en diálogo con Rosarioplus.com. 

Según comentó la integrante de la ONG Madres en Acción, que acompañó a la familia del joven desaparecido en su reclamo por justicia, Valentín tenía problemas con la droga y su madre había solicitado en reiteradas ocasiones ayuda al poder ejecutivo. "El mayor problema de ser pobre en este país es que no se tiene derechos", apuntó.

El caso del joven de Cabín 9 no es atípico y se suma al de otros adolescentes en situación de extrema vulnerabilidad social, a los cuales no le queda más alternativa que pertenecer a las bandas delictivas del barrio.

Betina explicó que en la zona, desde hace tres o cuatro años, se conformaron dos barras delictivas de pre adolescentes que se llaman los stiffer y los cuatreros. "Los chicos nos cuentan que si pertenecés a una banda no podés pasar a la otra porque 'hay balas'. Es impresionante la cantidad de armas que manejan los adolescentes", comentó la titular del PEC.

"Las cosas que cuentan los chicos son angustiantes. Ellos copian las características de estas dos grandes barras y buscan estar dentro de una para tener un lugar de pertenencia", afirmó Betina.

En marzo, un raid de allanamientos en Cabín 9, culminó con 13 personas detenidas y el anuncio oficial de que se desarticuló una banda denominada "Los Cuatreros", dedicada al narcomenudeo y otros negocios ilícitos en la zona. Sin embargo, a pesar de los arrestos, bandas se "vuelven a rearmar" y siguen funcionando en el barrio.

El Punto de Encuentro Comunitario (PEC) de Cabín 9, perteneciente en la red de la Sedronar, trabaja con los jóvenes del barrio en prevención de adicciones. "Utilizamos las herramientas que brinde el Estado para trabajar", dijo la encargada de la dependencia y agregó: "Tratamos de integrar todo lo que tenemos porque lo que se destina para prevención de adicciones es cero".

En cuanto a la relación de la ONG Madres en Acción y la policía, Betina señaló que se le recomienda a los familiares que hagan sus reclamos en el Ministerio Público de la Acusación y no vayan a la comisaría porque es el "centro de la corrupción".

"Queremos un protocolo de actuación para que cuando un joven tenga una crisis o una decaída sepamos lo que tengamos que hacer y que haya un grupo interdisciplinario para contenerlo", aseguró la titular del PEC y concluyó: "No hay presupuesto para la prevención, cuando haya una decisión política para que las cosas cambien, van a cambiar".