La jueza María Melania Carrara revocó la prisión preventiva que cumplían tres policías acusados de detener de manera ilegal y maltratar hasta la tortura a siete jóvenes, el 23 de marzo pasado, en las Cuatro Plazas, de barrio Belgrano. El dictamen judicial fue posible porque la fiscal de la Unidad de Violencia Institucional, Karina Bartocci, desistió del planteo de las querellas y ante el pedido de las defensas aceptó que los tres uniformados -Diego Ojeda, Leonel Romero y Roberto Salinas- cesen en su calidad de detenidos y esperen el juicio en libertad. La noticia cayó como agua helada en los jóvenes que denunciaron aquellos apremios ilegales y mereció el repudio de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Rosario (Apdh). 

El equipo jurídico de esta ONG, que patrocina a las víctimas, había requerido a la jueza que mantenga las prisiones preventivas por otros 90 días, para garantizar que se llegue a juicio sin posibilidad de que los imputados intimiden a los jóvenes o que entorpezcan la causa. Pero la fiscal Bartocci disintió y pidió la libertad de los policías. Ya la semana pasada los otros dos agentes implicados -Mariano Saavedra y Erika Denis- habían recuperado también su libertad gracias a la jueza Georgina Depetris, que hizo lugar a la apelación de la defensa de los policías. 

"Manifestamos nuestro total desacuerdo con lo sucedido en el día de ayer (lunes) tanto en lo que respecta a la decisión tomada por la jueza Melania Carrera como a la actuación de la fiscal Karina Bartocci quien en vez de bregar por el esclarecimiento de los hechos y la seguridad de las víctimas y testigos de estas graves violaciones a los derechos humanos, una vez más, actúa en favor de los policías denunciados por estos hechos", manifestaron desde la Multisectorial contra la Violencia Institucional.

Desde la agrupación señalaron que la decisión de la justicia presenta "una amenaza cierta para la vida, la integridad y la tranquilidad de las víctimas, sus familiares y amigos" que "han sido amenazados desde el inicio de las investigaciones".

"El nefasto proceder de la fiscal Karina Bartocci -agrega el comunicado- que no respeta los estándares internacionales mínimos para investigar casos de violencia institucional y que ha sido insistentemente cuestionado por numerosas organizaciones y víctimas, nos preocupa profundamente también porque han sido derivadas a su Unidad Fiscal algunas causas de jóvenes asesinados por la policía en nuestra ciudad, como es el caso de Carlos Godoy, y se espera que, a la brevedad, otras causas pasen a dicha dependencia. También, está siendo tramitada en esta unidad fiscal la muerte en custodia de la docente María de los Ángeles Paris", criticaron desde la multisectorial.