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El gerente de recursos humanos, la presidenta del directorio y dos gerentes del laboratorio Apolo fueron vistos por la Justicia rosarina como los responsables de la explosión producida en su caldera en junio de 2016, que dejó el predio destruido, decenas de vecinos damnificados y uno con quemaduras graves. Permanecerán todos en libertad, con inhibición de bienes.

El fiscal Walter Jurado de la Unidad de Homicidios Culposos imputó este martes por la mañana a Ariel G., Marcelo F., Damián G. y Marcela V. por estrago culposo agravado y lesiones graves en el marco del siniestro ocurrido en calle Alem 2967, “por haber causado por negligencia e inobservancia de los reglamentos y deberes a sus respectivos cargos, la explosión de una caldera perteneciente al laboratorio mientras el mismo se encontraba en pleno funcionamiento causando daños materiales en laboratorio y en un domicilio aledaño, más lesiones graves en distintas víctimas que allí se encontraban”.

Jurado precisó que "aunque en registros figuran otros nombres como dueños, se pudo constatar que ellos lo son", a la vez que destacó que a todos les cabe el mismo delito en calidad de autores, ya que "debían hacer ensayos y controles periódicos conforme a la normativa provincial, que no se hicieron, y tampoco se tomó gente capacitada para el uso de las calderas".

El juez de Primera Instancia Luis Caterina aceptó la calificación legal y les dictó la prohibición de salir del país, fijar residencia, firma semanal ante la autoridad jurisdiccional correspondiente y la inhibición general de bienes, por el plazo de ley.

Cuando estalló la caldera del laboratorio de calle Alem 1967, el 24 de junio de 2016, dejó como saldo una decena de viviendas y un hombre herido. Juan Carlos Sánchez se recuperó tras meses de internación con quemaduras en el 60 por ciento del cuerpo. También perdió todos sus objetos de valor cuando la casa que alquilaba con su familia desapareció por completo por el daño a la estructura.

Apolo proveía de suero y otros materiales sanitarios a hospitales y sanatorios de todo el país, y llegó a facturar alrededor de 44 millones de pesos anuales. Hasta 2005 la firma pertenecía a los hermanos Iudica, hasta que pasó a manos del empresario sanitario Jorge Salinas y comenzó lo que (según denunciaron los empleados) sería un proceso de vaciamiento paulatino, en el que se dejaron de pagar sueldos y aguinaldo. Precisaron además los empleados en la justicia que el suero se vendía sin el control requerido, desabasteciendo a los hospitales y sanatorios de insumos básicos, por lo que fue intervenido por la Anmat.

Recién cuando estalló la caldera se conoció que Salinas estuvo involucrado en una causa por desvíos de fondos del Pami y en un fraude millonario que alcanzaba la cifra de 21 millones de pesos, por la venta de troqueles de medicamentos con descuento de 7.500 jubilados ya fallecidos, y que fue procesado sin prisión preventiva por el juez federal Octavio Aráoz de Madrid por el delito de “fraude al Estado”.

Tras los dueños nuevos, las condiciones de precarización poco cambiaron: solo 35 de los 150 trabajadores empleados estaban registrados.