Siete penales en comisarías de la ciudad de Rosario fueron inhabilitados por decisión de la Justicia, a pedido del Defensor Regional de la Segunda Circunscripción Judicial (Rosario), del Ministerio Público de la Defensa, Gustavo Franceschetti. Se trata de las seccionales 3ª, 4ª, 7ª, 8ª, 9ª, 13ª y 30ª, cuyos penales no podrán ser utilizados para alojar reclusos.

La decisión fue tomada por el juez penal del Colegio de Jueces de primera instancia, Alejandro Negroni, en el marco del hábeas corpus colectivo y correctivo interpuesto por la Defensa Pública en favor de las personas privadas de su libertad en las seccionales de Rosario.

Estas siete comisarías se suman a otros tantos viejos penales de Comisarías que fueron demolidos como consecuencia del habeas corpus: 2ª, 5ª, 6ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 21ª, 22ª, 24ª, 25ª, 26ª, 27ª, Sub 2ª, Sub 18ª y Sub 19ª.

Como primera medida, Franceschetti solicitó al juez que los penales de las Comisarías 3ª, 4ª, 7ª, 8ª, 9ª, 13ª y 30ª, sean inhabilitados de “manera definitiva”. Además, pidió al magistrado ordene quitar las rejas de estos espacios físicos de detención de personas a los fines de que sean absolutamente inutilizables para el uso policial en un plazo no mayor a veinte días.

El Defensor Regional también denunció que en la Comisaría 8ª se alojaban a cinco personas cuando el cupo legal permitido es de dos individuos, por lo que requirió el inmediato desalojo de presos la seccional y su trasladado a comisarías habilitadas.

Asimismo, el juez instó a la “inmediata utilización” de los Módulos Transitorios de Detención de las comisarías 21ª y 22ª quedando sujetos los espacios de las seccionales Sub 18ª y Sub 19ª “a la finalización de las obras y acondicionamiento” de las mismas. El Ministerio de Seguridad había acordado que en diciembre de 2016 estarían finalizados dichos módulos luego de la instalación de los cercos perimetrales de los mismos. Sin embargo, hasta el inicio de la audiencia respectiva no habían sido habilitados para su utilización.