La zona de la Ciudad Universitaria, en el barrio La Sexta, cambió su fisonomía en la tarde de este martes con la presencia de un comando anti tumultos de la Policía de la Provincia. Traían una orden judicial de desalojo para dos familias, compuestas por tres mujeres con cuatro niños que vivían en unas casas de pasillo desde hace 12 años sobre calle Cochabamba 172 bis. 

Según informó a Rosarioplus.com Nire Roldán, referente de la Concejalía Popular, el caso trata de una estafa bajo un contrato de alquiler apócrifo de una persona que alquiló a estas familias la propiedad sin tener dominio del bien. Además Roldán, en su carácter de defensor de estas familias, consideró el accionar de las fuerzas de seguridad como un atropello a quienes firmaron un contrato previo a la pandemia y que éste caducó en año pasado, pero “no se contempló el decreto nacional que decía que debía tener una prórroga”.

por su parte los vecinos de la zona adujeron que estas mujeres alquilaban tres casitas a una persona que falleció hace 10 años, pero que ahora se presentó una persona que dice ser el dueño y que les inició un juicio de desalojo y si haberles mostrado nunca a las inquilinas la documentación que acreditara que él era el titular. 

Bajo un contrato falso y sin la documentación del supuesto propietario, reiteró Roldan, se llevó adelante una audiencia en Tribunales y, al respecto, “se pidió el protocolo de actuación” con el que cuenta el Ministerio de Vivienda de la Nación en cuanto a los desalojos.

“Nadie, más allá de una nota enviada por el Ministerio, se acercó, ningún estamento del Estado para hablar con la jueza” reclamó el defensor de las familias. Es por eso que la magistrada “desoyó cualquier norma nacional y no llamó ni a la provincia ni al municipio, directamente lanzó el desalojo”.

“En el día de hoy nos encontramos con esta brutal represión, con un cerco en el lugar, no podemos acceder, por eso que estamos tratando de hablar con funcionarios nacionales y provinciales a cargo del protocolo y con el municipio para dar respuesta urgente. La Policía cercó las inmediaciones y es un problema terrible el que viven estas familias” lamentó Roldán.

Según el titular de la Concejalía Popular, tenían un contrato vigente, el propietario murió y después apareció una persona que dijo ser el dueño del lugar, a esta gente  que les “habían alquilado con contrato trucho por lo cual no tenían poder sobre la propiedad. Eso se defendió en el juicio que les hicieron, pero quedaron desamparados”.