El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) evaluará entre este jueves y viernes en Ginebra, Suiza, el cumplimiento por parte del Estado argentino en materia de abuso policial y violencia institucional. Para que se conozca lo que pasa en Santa Fe, la Cátedra de Criminología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) presentó un "informe alternativo" sobre la problemática local. “Un pronunciamiento de la ONU ayudaría a correr el velo y a romper la negación a la que se aferra el Estado provincial. Lo que pasa en Santa Fe no ocurre en otras provincias del país”, asegura el criminólogo Enrique Font, responsable de la cátedra y uno de los autores del documento.

El informe presentado por el Estado argentino sobre la situación macro en el país tiene muy poca información sobre lo que ocurre en todas las provincias, de ahí la necesidad, explica Font, de elaborar una carpeta propia con fuentes, datos y mucho trabajo de campo sobre todos los “avasallamientos e irregularidades” que se dan en Santa Fe.

Font detalla un “combo” con seis puntos principales:

  1. El incumplimiento del Estado a darle acceso a la Justicia a todas las víctimas y en particular a las víctimas de violencia institucional. “No hay instituciones públicas e independientes que garanticen este acceso”, dice.
  2. Los adolescentes privados de libertad bajo la responsabilidad de la dirección de justicia penal juvenil. “La institución más conocida es el Irar, pero también hay mujeres en la planta alta de la Comisaría 7, hay adolescentes en un sector del penal de Las Flores en Santa Fe, y en la Direcciones de Asuntos Juveniles de esa ciudad, por dar algunos ejemplos. Reciben un trato inhumano, cruel y degradante”, explica.
  3. Casos concretos de tortura en las instituciones y durante las detenciones. El ministerio de Justicia “no registra ni detecta estos casos porque no aplica un manual internacional que se conoce como el protocolo de Estambul”.
  4. Casos de gatillo fácil y ejecuciones sumarias ocurridos en los últimos años
  5. La situación "más triste y grave de todas”: seis casos de desaparición forzada de personas. “Hay algunos casos muy conocidos como el de Franco Casco o Pichón Escobar, pero otros menos como el de la joven Natalia Acosta en Santa Fe que desaparece en una red de trata con una presunta participación política, policial y judicial”, afirma Font.
  6. El hostigamiento a la defensa pública que derivó en la destitución del defensor General Gabriel Ganón

El criminólogo aclara que si bien la ONU no tiene capacidad para imponer ninguna de sus decisiones, un pronunciamiento sobre los graves hechos que ocurren en la provincia serviría para romper con la “sistemática negación” del Estado en la problemática.

“Recurrimos a los organismos internacionales como última instancia porque no tenemos respuestas concretas estatales sobre todas estas denuncias. Si el poder Ejecutivo en lugar de negar la problemática, lo asumiera y lo abordara con políticas públicas, una instancia como esta no haría falta”, aclara.

A juicio de Font, la combinación de irregularidades hace de Santa Fe la provincia “más complicada del país por lejos” en materia de violencia institucional. “Tiene una combinación de desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias, torturas y privaciones de la libertad, detenciones arbitrarias, un poder judicial que mira para otro lado, y un Ministerio Público de la Acusación que no investiga”, plantea. Y agrega: “En Rosario el trabajo de los fiscales es un verdadero escándalo. Pero la respuesta política fue ascender a fiscal regional (Jorge Baclini) a fiscal general. Es insólito”.

Como si fuera, aclara, las otras instituciones del Estado “tampoco funcionan”. "Defensoría del Pueblo de no hace nada porque tiene al ex ministro de Seguridad (Raúl Lamberto) a su cargo, la Defensoría de Niñez tiene una funcionaria a cargo (Araceli Colombo) sin antecedentes en la materia, la secretaría de Derechos Humanos no sabe ni contesta y todos los ministros miran para otro lado”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, otro organismo internacional, ya se pronunció en varios oportunidades por las desapariciones forzadas en Santa Fe, un “un fenómeno que sorprende” fronteras para afuera.

“Un país que sufrió lo que sufrió en dictadura, que tiene un proceso de verdad, memoria y justicia reconocido internacionalmente, y que no puede salir de ese círculo con desapariciones forzadas en democracia, más un Estado que las niega sistemáticamente, llama mucho la atención internacionalmente”, detalla el docente de la UNR, quien no escatima en críticas a la gestión política provincial: “Es difícil llamarse Frente Progresista Cívico y Social cuando estás denunciado en todos los organismos internacionales por violar los derechos humanos”.