Un total de 77 personas murieron entre 2014 y 2018 en toda la provincia de Santa Fe debido al accionar de miembros de fuerzas de seguridad provinciales y nacionales, según el informe “Fuerzas de seguridad y usos de la violencia letal” realizado por la Dirección de Política Criminal de la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación.

En 2015 se registró el máximo de víctimas, con 26 casos; en tanto, en 2018 la cantidad disminuyó a cinco.

“La característica común de los hechos estudiados es que las víctimas murieron como consecuencia del ejercicio intencional de la violencia por parte de un miembro de una fuerza de seguridad”, explicaron desde el equipo que llevó a cabo la investigación, integrado por Camila Castoldi y Agustina Leorza y coordinado por Augusto Montero. Asimismo, precisaron que “el estudio incluye a miembros de fuerzas provinciales y nacionales, y también contempla si estaban prestando servicio al momento del hecho o no”.

“Del total de 77 personas fallecidas, en 2014 fueron 16 y el pico se registró en 2015 con un total de 26 víctimas. A partir de ese máximo, la cantidad fue disminuyendo año tras año: 16 en 2016; 14 en 2017 y cinco en 2018”, señalaron Montero, Castoldi y Leorza. “De las cinco muertes registradas en 2018, cuatro fueron en el departamento Rosario y una en el departamento San Cristóbal”, agregaron.

En cuanto a la fuerza de seguridad a la que pertenecía el imputado, los especialistas detallaron que “66 de las muertes fueron cometidas por miembros de la Policía de Santa Fe; siete por integrantes del Servicio Penitenciario; dos por la Policía Federal Argentina y dos por Prefectura Naval Argentina”. En tal sentido, reflexionaron que “estos números nos muestran que, en promedio, en más de ocho de cada 10 casos participaron funcionarios de la Policía de Santa Fe”.

Los investigadores también advirtieron que “en relación a las siete víctimas generadas por miembros del Servicio Penitenciario provincial, cinco de ellas se produjeron en el mismo hecho cometido el 29 de diciembre de 2017 en la zona suroeste de la ciudad de Santa Fe”.

En cuanto a las circunstancias específicas en las cuales los miembros de las fuerzas de seguridad hicieron uso de la violencia, los especialistas valoraron que “la investigación brinda indicadores que consideramos interesantes para profundizar la explicación de las dinámicas de la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad y el impacto de las prácticas de intervenir 24 horas y de portar el arma de fuego fuera del horario de servicio”, subrayaron.

También afirmaron que “al analizar las circunstancias de los hechos, se observa que el 53% de los homicidios fueron producidos en eventos en los cuales los funcionarios no intervinieron luego de un llamado o para evitar un delito flagrante que pudieran haber presenciado”. E hicieron hincapié en que “estos datos confirman que los miembros de las fuerzas de seguridad actuaron por razones diferentes a su prestación profesional del servicio”.

En relación a las víctimas, Montero, Castoldi y Leorza puntualizaron que “en los cinco años estudiados, el 87% eran varones y el 13% mujeres”.

“En cuanto a la edad de las víctimas, se observa que la violencia ejercida por miembros de fuerzas de seguridad afecta a una población, en principio, más joven que la de los homicidios en general”, aclararon. En tal sentido, detallaron que “33,8% tenían entre 20 y 24 años; 19,5% entre 15 y 19 años; y 18,2% entre 25 y 29 años. En definitiva, más de la mitad de las víctimas (54,5%) eran menores de 25 años y casi tres de cada cuatro (72,7%) no habían llegado a cumplir 30 años”.

El documento elaborado por el MPA también refiere a las investigaciones desarrolladas por los fiscales. “Para investigar las 77 muertes se iniciaron 71 legajos en las distintas fiscalías en toda la provincia. En siete de cada diez de esas investigaciones existía (a septiembre de 2019) al menos un autor formalmente individualizado”, remarcaron Montero, Castoldi y Leorza “Este indicador está conformado por aquellos legajos en los que se tomó al menos una audiencia imputativa, los que se concluyeron –por diversos motivos– sin audiencia imputativa y los casos que fueron remitidos a la Justicia Federal”, añadieron.

“Si analizamos más en detalle, el informe también nos permite ver qué pasó con las investigaciones que llegaron a su fin. Son 31 las finalizadas de las 71 que se iniciaron. Del recorte de investigaciones cerradas, en su mayoría fueron condenas por procedimientos abreviados o bien archivos”, apuntaron.