Megacausa: González de Gaetano seguirá con prisión preventiva
Maximiliano González de Gaetano, imputado en la Megacausa por estafas y lavado de dinero, deberá continuar en prisión preventiva, ya que el juez Héctor Núñez Cartelle desestimó este viernes por la mañana el pedido de la defensa para que el sindicalista quede en libertad hasta que se se establezca el juicio oral.
"La defensa de González de Gaetano solicitó el cese de la prisión preventiva o una domiciliaria, pero el juez resolvió que continuara en prisión preventiva", señaló el el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Sebastián Narvaja, en diálogo con Rosarioplus.com.
El referente del Sindicato Único de Monteros Argentinos se encuentra detenido desde octubre de 2016, tras entregarse de forma voluntaria luego de que personal de Gendarmería, PDI División de Trata, División de Drogas y las TOE allanaran su propiedad sin encontrar al gremialista.
Por otra parte, este viernes de suspendió la audiencia imputativa que se iba a llevar a cabo en los Tribunales Provinciales para atribuirle "un caso nuevo a Juan Roberto Aymo, Maximiliano González de Gaetano y Eduardo Torres".
"Los defensores pidieron más tiempo y esa audiencia pasó para el martes a las 9 de la mañana", comentó Narvaja.
La estrepitosa investigación que involucra a 19 personas -empresarios, ejecutivos, y escribanos, entre ellas- volvió a estar en el candelero hace algunos meses porque dos de los imputados intentaron que la causa salga del fuero provincial y sea trasladada al fuero federal. Sin embargo, el juez federal Carlos Vera Barros definió su incompetencia en la Megaestafa porque en el caso no se registra el delito federal de lavado de activos, algo que los abogados defensores celebran pero que en la Justicia provincial lógicamente ven con preocupación.
La megaestafa se destapó el año pasado, a partir de una investigación del fiscal de Delitos Económicos Sebastián Narvaja, luego corrido de lugar por disposición del nuevo titular de la Fiscalía Regional, Patricio Serjal. En ella se investigan una serie de maniobras por un perjuicio millonario contra propietarios de inmuebles que sufrían la adulteración de sus firmas, escrituras y demás trámites tendientes a desapoderarlas de esos bienes.