El presidente del Ente Administrador Puerto Rosario, Guillermo Miguel, reveló que tanto la Aduana como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)  habían advertido a la concesionaria del muelle público, Terminal Puerto Rosario, de la existencia de un punto ciego en el circuito de videocámaras en el playón de maniobras y contenedores, e intimó dos veces a que corrigiera ese defecto. El sector que quedó fuera de registro visual, se cree, es donde fueron depositados los dos containers en los que a fines de junio se introdujo 1,4 toneladas de cocaína descubierta luego en los puertos de Santos (Brasil) y Rotterdam (Países Bajos). La empresa concesionaria –propiedad del grupo Vicentin y la chilena Ultramar SA– no atendió la intimación de los organismos fiscales.

"El escáner funciona las 24 horas, y el procedimiento marca que todo contenedor debe pasar por ese control cuando ingresa al puerto. Se hace un doble escaneo antes de depositar el contenedor a la espera del embarque. Estos deben haber quedado en el famoso punto ciego del que se está hablando y que la Aduana informó que en julio y agosto ya había intimado a TPR para que lo corrigiera", dijo Miguel a Sí 98.9.

El muelle rosarino fue escenario este miércoles de un estridente allanamiento a cargo de Prefectura Naval, por orden del juez federal Carlos Vera Barros, y a pedido del fiscal Claudio Kishimoto. El motivo fue que en Santos y Rotterdam aparecieron ocultos en sendas cargas de maní unos 568 y 866 kilos de cocaína respectivamente. Los containers habían zarpado en dos buques desde Rosario el 28 de junio pasado.

El procedimiento culminó con la detención de "cuatro de los sospechosos involucrados y el secuestro de vehículos, dinero en efectivo, estupefacientes, una planta y semillas de cannabis y celulares", precisó una fuente de Prefectura Naval Argentina. "Además, se incautó una balanza, armas de fuego y municiones, artículos informáticos y documentación relevante para la causa", añadió.

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"Aduana y Afip deben controlar esas cosas, y notificar primero al concesionario; y si éste no corrige, deben notificarnos a nosotros para que se lo exijamos al concesionario", deslindó el titular del Enapro. 

El funcionario provincial consideró que "si las cámaras se apagaron –tal como se especula en el seno de la investigación– amerita un control interno. Por eso esas personas están detenidas. Primariamente es la empresa la que debe verificar que no suceda y no se corte el enlace online. Quien debe estar atento es el concesionario", dijo.

Entre los detenidos se cuentan el supervisor del manejo de contenedores y dos operadores de carga. Pero si la investigación avanza y se comprueban responsabilidades superiores en la empresa o en sus operadoras, podría plantearse un incidente que derive en la rescisión del contrato de concesión entre TPR y el Enapro, explicó Miguel.

"Esto nos impacta, porque desde que asumimos la gestión trabajamos para que vaya creciendo en actividad. Hay 330 pymes santafesinas que exportan a Uruguay, y nos sucede esta situación como las que ocurren en todos los puertos del mundo", dijo el presidente del ente provincial. "En pandemia el 80% de la mercadería se hizo a través de transporte fluviomarítimo. Por lo tanto hay que seguir extremando controles", concluyó.