El Tribunal Oral Federal de Santa Fe, integrado por José María Escobar Cello, Luciano Lauría y María Ivón Vella, dictó este viernes penas de hasta 15 años de prisión a nueve integrantes de una organización dedicada a la comercialización y transporte de cocaína y marihuana. Durante el juicio intervino el fiscal general Martín Suárez Faisal, quien en su alegato postuló condenas similares a las impuestas, en tanto que la investigación en la etapa de instrucción estuvo a cargo del fiscal federal Walter Rodríguez.

Las penas, que se dieron a conocer durante el mediodía: fueron de 15 años de prisión para el funcionario de la Brigada de Orden Urbano de la policía de la provincia de Santa Fe, Edgardo Baigoría, como autor de los delitos de organización del comercio ilícito de estupefacientes y tenencia con fines de comercialización, agravado por su calidad de funcionario público y la cantidad personas intervinientes; de nueve años de prisión para Emanuel González, como partícipe secundario de esos hechos; de seis años de prisión para Estela Castillo, Osvaldo Salva y Cristian Mansilla como responsables de la tenencia con fines de comercio; y de cuatro años de prisión para Jorge Correa, como encargado del transporte de estupefacientes.

A su vez, los jueces condenaron a los gendarmes Damián Sosa, con cuatro años de prisión por ser autor de encubrimiento, agravado por haber actuado con ánimo de lucro y por su calidad de funcionario público; y a Santiago Alejo e Ismael Britos, con tres años de prisión a cada uno, por partícipes necesarios de ese delito. Además, recibieron una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el mismo tiempo que dure la condena.

El veredicto -cuyos fundamentos se conocerán el 4 de marzo- incluyó también el decomiso de una camioneta, del dinero secuestrado en procedimientos realizados durante la pesquisa y multas para los principales acusados.

La actividad de la organización criminal

La organización, dirigida por el policía Baigoría y su socio González, obtenía la droga principalmente desde Paraguay y de las provincias limítrofes, a donde viajaban asiduamente para luego comercializarla en la ciudad de Santa Fe.  Al contar con fondos, con contactos -nacionales y extranjeros- y con la logística necesaria para transportar estupefacientes, la banda logró traficar, desde fines del 2015 hasta principios del 2018, casi 40 kilos de cocaína y media tonelada de marihuana, que en parte, lograron ser secuestradas en numerosos procedimientos y allanamientos realizados en diferentes puntos de Santa Fe y el resto del país.

La investigación del MPF acreditó que la droga era principalmente ingresada desde Paraguay y las provincias limítrofes a Santa Fe, a donde viajaban asiduamente los acusados: al contar con fondos, contactos -nacionales y extranjeros- y con la logística necesaria, la banda logró traficar casi 40 kilos de cocaína y media tonelada de marihuana

Una vez conocida la sentencia, Suárez Faisal calificó al caso como “muy relevante porque se desbarató una organización de gran envergadura, comandada por un Policía de la Provincia de Santa Fe -en funciones-, que era protegida por varios integrantes de Gendarmería Nacional que también fueron condenados por el encubrimiento, y que tenía vínculos en el exterior, fundamentalmente en Paraguay, en ciudades argentinas cercanas a las fronteras y en todo el territorio santafesino, donde se distribuían los estupefacientes”.

Además, el Ministerio Público Fiscal había reparado en que la organización se encargaba de brindar “ayuda legal y monetaria” para lograr el silencio de los integrantes que eran detenidos.  De esta forma, la banda se aseguraba que el “eslabón más débil” de la cadena no delatara a la cúpula de la empresa criminal.

Una investigación con ramificaciones en varios puntos del país

La pesquisa comenzó a partir de una denuncia anónima por narcomenudeo en Santa Fe y Santo Tome. La imputación se produjo en 2018, y estuvo centralmente a cargo del fiscal federal N°2 de Santa Fe, Walter Rodríguez, que identificó a unas veinte personas vinculadas a la organización: nueve fueron las hoy condenadas, y otras que ya fueron encontradas responsables o esperan otros juicios orales. Asimismo, durante su alegato Suárez Faisal reparó por ejemplo en la vinculación de Baigoría y González con el padre del fallecido Martín “Fantasma” Paz, asesinado a sangre fría por “Los Monos".

Suárez Faisal calificó al caso como “muy relevante porque se desbarató una organización de gran envergadura, comandada por un Policía de la Provincia de Santa Fe -en funciones-, que era protegida por varios integrantes de Gendarmería Nacional". También indicó que “en algunos tramos de la investigación también tuvieron intervención las fiscalías federales de Rafaela y Reconquista, y las sedes judiciales de Formosa, Salta y Misiones, en donde se tramitaron causas respecto de otras personas vinculadas a la organización.”

El juicio comenzó en octubre del año pasado y se realizó de forma semipresencial debido al contexto de pandemia, con abogados presentes en la sala y otros de forma virtual, a través de la plataforma del Poder Judicial de la Nación, mientras que los imputados siguieron las audiencias desde los diferentes lugares de detención.  Durante el transcurso del debate, que se realizó dos veces por semana de forma ininterrumpida hasta el 29 de diciembre, declararon aproximadamente 150 testigos.