La concejala de Granadero Baigorria Antonella García presentó un proyecto de ordenanza que busca declarar la Emergencia en materia de Seguridad Pública en el ámbito de la localidad vecina.  

“No estamos de acuerdo con el discurso de que estamos mejor que Rosario, que zona norte, o que cualquier otro territorio de la región. El miedo es parte de nuestra cotidianidad”, sostuvo la concejala refiriéndose a los hechos delictivos que sufrió Baigorria en las últimas semanas, muchos de ellos relacionados al crimen organizado. “Creemos que es necesaria la respuesta inmediata del Estado y poner todas las herramientas a disposición para devolverle la paz a los vecinos y vecinas de la ciudad”, agregó.

Para García, es importante que desde Baigorria se gestione la presencia de Fuerzas Federales a efectos de la coordinación con las fuerzas locales en la ciudad. También solicitó gestionar con las autoridades provinciales la coordinación de las tareas de patrullaje, prevención e intervención; llevar adelante un programa de videovigilancia de manera integral; e impulsar proyectos de intervención social orientados a la prevención social del delito.

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Antonella Garcia

Emergencia en Seguridad

En ese sentido, García presentó un proyecto de ordenanza que busca declarar la Emergencia en materia de Seguridad Pública en el ámbito de la ciudad de Granadero Baigorria durante un período de 180 días. 

“La Municipalidad de Granadero Baigorria deberá adoptar medidas, tanto por sí misma cómo mediante la asistencia y la cooperación de organismos provinciales y nacionales para lograr por todos los medios apropiados la plena efectividad del derecho a la seguridad ciudadana”, dice la ordenanza. 

El mismo proyecto le pide al Departamento Ejecutivo Municipal: gestionar ante las Autoridades Nacionales la presencia de Fuerzas Federales; gestionar ante las autoridades provinciales la coordinación de las tareas de patrullaje, prevención e intervención, especialmente en la identificación de vehículos y cada uno en el ámbito de su competencia, entre el personal de la Dirección General de Tránsito; llevar adelante un programa de videovigilancia de manera integral; impulsar proyectos de intervención social orientados a la prevención social del delito.