Población carcelaria triplicó en 15 años: penalistas reclaman cambio de política
Hasta el año pasado había más de 9.300 personas detenidas en un sistema carcelario colapsado e incapaz de producir reinserción social. Según los abogados penalistas, el gobierno atiende la demanda social de mayor punitividad y así el Poder Judicial intensificó el uso de la prisión preventiva para cualquier delito.
La cuestión carcelaria como un tema clave en la transición entre los gobiernos de Perotti y Pullaro ha suscitado una alarma entre los abogados especializados en derecho penal. Y los disturbios con disparos incluidos en la comisaría 15ª, este viernes, luego de una pelea entre detenidos, parece justificar ese estado de alerta.
Esta semana, estos profesionales del derecho publicaron una carta abierta en la que expresaron su preocupación por el colapso del sistema penitenciario y la sobrepoblación de personas detenidas. Critican la falta de una política penitenciaria efectiva, la presión política para aumentar el uso de la prisión preventiva y la inacción del Poder Judicial al ceder ante esta presión en lugar de priorizar los derechos.
La situación planteada por los defensores del derecho penal "resulta en una grave violación de los derechos al causar hacinamiento, obstaculizar el acceso a derechos básicos y empeorar las ya precarias condiciones en las que se lleva a cabo la privación de la libertad", según lo expresado en el comunicado de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario. Se menciona que se están tomando medidas improvisadas, como utilizar áreas destinadas a estancias temporales de manera prolongada.
Los datos disponibles llegan hasta diciembre de 2022, y corresponden al Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe. Indican un constante aumento en la población carcelaria. Mientras que en 2008 había 3,794 personas detenidas en la provincia, el año pasado cerró con 9,350 personas en prisión, lo que representa una tasa de 263 detenidos por cada 100.000 habitantes, un aumento del 124% en comparación con 15 años atrás.
Aproximadamente el 11% de la población carcelaria está alojada en comisarías, y nueve de cada diez personas en estas instalaciones no tienen condena firme. Por lo tanto, no pueden acceder al sistema penitenciario y esperan una decisión judicial en una situación precaria que socava sus derechos y expectativas. En total, incluyendo las prisiones del Servicio Penitenciario, el 44% de los detenidos no tiene condena.
Por ejemplo, en la seccional policial 15ª, en el barrio Tiro Suizo, este viernes había 47 personas detenidas en un espacio que solo admitiría 12 personas sin estar hacinadas. De allí derivó una gresca que provocó la reacción policial.
Según el presidente de la Asociación, el abogado José Nanni, la advertencia sobre la crisis carcelaria viene desde hace años, pero se ha agravado en el último tiempo debido al endurecimiento de las políticas de prisión preventiva y encarcelamiento. Nanni resaltó la dificultad para recuperar la libertad de un detenido en casos provinciales y la congestión del sistema debido a la gran cantidad de detenidos por delitos medianos, como asociación ilícita, encubrimiento o tenencia de armas.
Nanni tiene esperanzas en una iniciativa insinuada por Maximiliano Pullaro, cuando fue ministro de Seguridad, y Pablo Cococcioni, como director entonces del Servicio Penitenciario. Durante aquella gestión llegaron a desocupar las comisarías de detenidos, aunque la violencia urbana siguió constante. Sin embargo, la presión de la sociedad por un enfoque más punitivo y la falta de medidas preventivas han retrotraído esa situación. De nuevo hay personas recluidas en calabozos de comisaría y el delito sigue en alza. El referente de los abogados penalistas destacó la importancia de abordar la prevención y la atención de las necesidades sociales para abordar la raíz del problema.
Nanni calificó las cárceles como "depósitos de personas" y señaló la sobrepoblación en las prisiones provinciales, con tasas de ocupación que superan el 50% en algunos casos. Además, Nanni advirtió sobre la eliminación de programas de capacitación y educación en prisión, lo que deja a los reclusos sin incentivos para la rehabilitación y agrava la situación del sistema penitenciario.
Por último, el penalista apuntó al trasfondo sociocultural que produce el combustible para la maquinaria delictual - represiva - carcelaria: "Se falla en la prevención, en la contención social. Hay toda una generación de pibes que no sabe otra cosa que delinquir porque crecieron viendo que tampoco su padre se levanta a las 6 para irse a trabajar, porque no ven un futuro claro. Vas al barrio y les preguntás a los pibes qué quieren ser de grandes: responden 'quiero ser sicario de Guille o de Esteban'", reveló.