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Funcionarios nacionales y provinciales coinciden en una cosa respeto de las medidas a controlar para ponerle un freno al narcotráfico: hay que poner la lupa sobre la hidrovía. Por eso, en la Legislatura Provincial se presentó un pedido de informes para conocer si se avanzó en torno al control de los más de treinta puertos privados santafesinos teniendo en cuenta que tanto Patricia Bullrich como Miguel Lifschitz y Antonio Bonfatti reconocieron las sospechas acerca de que por ese canal transita gran parte de la exportación y la llegada de drogas al territorio.

“Las embarcaciones que navegan por el río tiran paquetes de droga a la costa. Eso sucede tanto acá como en las costas más angostas de Itatí (Corrientes)”, señaló la ministra de Segurdad de la Nación en el marco de la reunión que mantuvo con el gobernador de Santa Fe y funcionarios federales hace algunas semanas. Fue la propia Bullrich quien pidió asegurar la hidrovía Paraguay-Paraná y la señaló como “la vía más compleja”.

En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Antonio Bonfatti, en su visita Concepción del Uruguay el 16 de septiembre pasado aseguró que “en el caso particular de Santa Fe tenemos 33 puertos de ultramar, pero las aduanas y la Prefectura no existen en esos puertos, y sabemos que las drogas penetran por el río Paraná desde el Paraguay”.

La diputada Mercedes Meier, del Frente Social y Popular, recordó que el convenio por más seguridad rubricado entre Nación y Provincia asegura en su cláusula séptima que el “Operativo Conjunto elevará un plan de operaciones que involucre a todo el territorio provincial, priorizando el control de accesos viales de jurisdicción provincial y nacional, el control de los puertos fluviales y zonas ribereñas”.

En ese sentido la legisladora sospecha que, como se anunció, no se destinó una mayor cantidad de efectivos de las fuerzas federales a los controles portuarios. Y los números oficiales parecen darle la razón. Es que según comunicó Bullrich oportunamente, en la zona del cordón industrial de la Región Rosario (donde se encuentran la mayor cantidad de terminales portuarias) hay apenas un puñado de agentes.

Los 2.984 efectivos que desembarcaron en Santa Fe se repartieron de la siguiente manera: Reconquista 122, Ceres 30, Sunchales 20, Rafaela 101, Recreo  25, Santo Tomé 115, Santa Fe 779, Colastiné 30, Centeno 25, Totoras 30, Oliveros 10, San Lorenzo 10, Las Parejas 10, Carcarañá 10, Funes 32, Rosario 1357, Villa Gobernador Gálvez 90 y 80 en Villa Constitución.

“Siendo que en la zona del cordón industrial del gran Rosario es donde se encuentran la mayor cantidad de las terminales portuarias, y siendo la Hidrovía Paraguay-Paraná el escenario por donde, según múltiples denuncias, la droga entra y sale en gran parte de nuestra provincia, vemos con preocupación la posibilidad de que no se destinen los esfuerzos necesarios para que esta situación se revierta”, recalcó Meier.

En su pedido de informes la legisladora recordó que los propios funcionarios de la Aduana reconocen en la auditoría publicada en 2013 (no se han hecho nuevas) por la Auditoria General de la Nación que se utilizan “métodos no intrusivos” de control de contenedores por lo que no tienen capacidad para discernir entre “sustancias orgánicas o inorgánicas”.

Entonces, desde el Frente Social y Popular pidieron saber, entre otras cosas, cuántos efectivos y de qué fuerza federal se destinaron a los controles, cuántos arribaron a partir del convenio firmado el 22 de septiembre, a qué zonas fueron destinados y si se los equipó con herramientas necesarias para el control portuario.