La investigación por el crimen del supuesto narco Luis Medina y su novia Justina Pérez Castelli, ocurrido el 29 de diciembre de 2013, se reactivó en los últimos días por la aparición de nueva evidencia que incorporaría un actor importante a la causa: Esteban Lindor Alvarado.

El Ministerio Público de la Acusación decidió, este lunes, desempolvar el expediente con la información sobre el homicidio del empresario y su pareja y trasladarlo desde la unidad NN (Imputados No Individualizados) a la unidad fiscal de Gravedad Institucional.

El motivo que volvió a poner en escena a la polémica causa, que hasta el momento no tiene imputados, fue la aparición de nueva evidencia relacionada al crimen de Medina en la investigación de otro asesinato con tintes mafiosos, el fusilamiento de Lucio Maldonado.

Por la ejecución a balazos del prestamista fue imputado, como instigador de homicidio calificado por concurso premeditado de dos o más personas agravado por uso de arma de fuego, Esteban Lindor Alvarado. Según sospechan los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, una casa quinta perteneciente al acusado sirvió para mantener secuestrado a Maldonado antes de que lo maten y lo arrojaran a pocos metros del cruce de Oroño y Circunvalación. El cuerpo del hombre fue encontrado boca abajo, maniatado y un cartel con el mensaje "Con la mafia no se jode".

Ahora, los fiscales buscan avanzar en otras acciones delictivas de Alvarado, y en dicha investigación surgieron evidencia que vincularían al supuesto narco con el doble crimen de Medina y Pérez Castelli. 

Crimen de Medina

Amanecía el 29 de diciembre de 2013 y Luis Medina, conocido por tener la franquicia del boliche Esperanto en Rosario y actividades ligadas a venta de autos, y con antecedentes penales por narcotráfico, transitaba por Circunvalación junto con su joven novia. Antes de llegar al puente sobre la calle Ayolas, un motociclista se le apareció y lo liquidó de diez balazos a quemarropa.

El expediente por el doble homicidio tiene más de tres mil fojas y varias polémicas a cuestas. La primera es con la jueza María Luisa Pérez Vara quien fue condenada a un año de prisión y dos de inhabilitación por incumplimiento de sus deberes de funcionaria pública por no haber iniciado la investigación tras el asesinato. En principio esgrimió razones de salud pero luego se confirmó que estaba de vacaciones mientras tenía a cargo el turno.

Pero la mayor polémica giró en torno a una denuncia contra el ex secretario de Tecnologías para la Gestión de la provincia, Javier Echaniz, y su número dos, Martín Degratti, a quien se los acusaba de haber desbloqueado la computadora del empresario, secuestrada aquella madrugada en la habitación que ocupaba en el hotel Pullman del casino City Center, sin orden judicial alguna.

A fines de 2015, el fiscal penal Adrián Mac Cormack concluyó en que los dos funcionarios del gobierno provincial no incurrieron en un delito cuando el 30 de diciembre manipularon la notebook. Las suspicacias acerca de la implicancia de personal de la administración pública con Medina nunca pasó de un rumor. Actualmente Echaniz es secretario administrativo en la Legislatura provincial.