Desde hace seis años, la familia de María de los Ángeles Paris reclama incansablemente por justicia. La causa por la muerte de la docente bajo custodia policial en el interior de la comisaría 10ª, el 3 de mayo de 2017, todavía no llegó a la instancia de juicio oral y público, y en paralelo, otra denuncia relacionada con el caso tampoco ha presentado avance alguno en todo este tiempo.

A fines de diciembre de ese mismo año, siete meses después del hecho, la familia Paris presentó una denuncia administrativa contra el fiscal Luis Schiappa Pietra, a raíz de una serie de graves irregularidades que detectaron en la investigación de la causa.

Sin embargo, desde el momento en que fue presentada, nunca volvió a haber novedades significativas sobre la misma. En su momento, la entonces auditora general de Gestión del Ministerio Público de la Acusación (hoy titular del MPA), María Cecilia Vranicich, se excusó de decidir al respecto, alegando amistad con el acusado.

En abril de este año, Leandro Mai asumió como nuevo auditor general, y con él comenzaron a encausarse varias de estas investigaciones que habían quedado archivadas o ignoradas.

Es por esto que Enrique Font, abogado de la familia Paris, decidió poner en consideración del nuevo auditor esta denuncia administrativa, con el objetivo de conocer qué ocurrió con ella y lograr algún avance en la misma.

En la misma, que tiene como querellante a Erika Salazar, hija de María de los Ángeles Paris, se enumera una serie de faltas graves cometidas por el fiscal Schiappa Pietra, comenzando por el mismo momento de la autopsia, donde “no se cumplió con los requisitos básicos” y no se autorizó prontamente una nueva autopsia, frustrándose pruebas claves para determinar los motivos de su muerte.

“Es inadmisible que el fiscal Schiappa Pietra las haya pasado por alto o no las haya detectado y en consecuencia no haya ordenado su adecuada realización”, menciona la denuncia ante la AGG.

Así también, se reporta la pérdida de las prendas de la víctima, el no haber pedido el apartamiento inmediato de los efectivos involucrados, la ausencia de pericias a los celulares de estos policías y la falta de información sobre el horario de llamado informativo al fiscal, entre otros aspectos. De igual forma, se detectaron errores en la realización de entrevistas, en la información y el accionar del SIES y del 911.

Esta denuncia, según lo informado al auditor general, señala que con estas irregularidades el fiscal Schiappa Pietra violó “lo establecido por la ley 13.013 y resoluciones propias del MPA, como la 12/14 ‘Instructivo para la investigación de apremios, severidades, vejaciones, apremios ilegales y torturas’ y la 26/14 ‘Protocolo de actuación en la escena del hecho’”.

“Asimismo, esas faltas graves configuran una violación de derechos humanos en tanto se tratan de un incumplimiento por parte del Estado a la obligación de realizar investigaciones con la debida diligencia y sin dilaciones, serias, exhaustivas, efectivas, imparciales e independientes para deslindar la responsabilidad ante una muerte en custodia aún no esclarecida”, continúa la misiva.

Esta solicitud se da en un momento en que el auditor general Mai se encuentra investigando el desempeño de la fiscalía rosarina, más precisamente de Matías Edery y Schiappa Pietra, ante los pedidos del senador Armando Traferri al MPA de que sean apartados de la investigación en su contra.

El caso

El 3 de mayo de 2017, después de las nueve de la noche, María de los Ángeles Paris, docente y bibliotecaria en la escuela Gurruchaga, entró a la seccional de Darragueira al 1100, en Alberdi, pidiendo ayuda porque decía que dos motochorros le habían querido robar. Salió de la dependencia, intentó subir a un auto de una forma extraña y los policías la metieron en un móvil y la trasladaron a la comisaría donde finalmente apareció horas después, esposada y sin vida. Lo que le pasó en ese tiempo es materia de investigación que debe ser expuesto en un juicio sin fecha cierta, pero con imputados claros: 5 policías, dos de ellos (el comisario Silvio Cortes y la suboficial Susana Domínguez) acusados de homicidio preterintencional, es decir, que tuvieron intención de agredirla y el desenlace fue fatal. El resto, (los agentes Damián Zalazar, Silvina Gianotti y Andrea Allovatti) será juzgado por incumplimiento de deberes de funcionario público.