Este miércoles en Tribunales provinciales se llevará adelante el comienzo de las audiencias en la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones en lo penal con el fin dictar sentencia al policía de la Policía de Acción Táctica (PAT) Ramiro Rosales, uno de los uniformados involucrados en el asesinato de Jonatan Herrera en enero de 2015.

La causa había llegado a la Corte Suprema de la provincia, donde sus magistrados fallaron en favor de las querellas y pidieron que la causa volviera a esta anterior instancia para su revisión. El agente policial había sido condenado por homicidio culposo, pero el máximo tribunal dejó sin efecto esa calificación.

El letrado Santiago Bereciartua, en representación el de la madre del joven asesinado, dijo a Rosarioplus.com que ellos, al igual que la otra querella y la Fiscalía, presentaron la inconstitucionalidad del fallo de la Cámara ante el máximo tribunal provincial con el fin de rever esa decisión por considerarlo arbitrario y en desconocimiento de la prueba.

“Fue con el fin de que se revise el homicidio culposo porque nosotros entendíamos que esa calificación no representaba lo ocurrido y solicitamos que se condene por homicidio doloso que fue receptado por la Corte”, recordó el abogado, que añadió que se entiende de este pedido, que la Cámara vuelva a fallar, requiere que se anule la parte del fallo donde se habla del homicidio culposo. Así, desde este miércoles la discusión tendrá como eje el aspecto subjetivo del tipo penal para ver si al acusado “le cabe un homicidio culposo, calificado o simple”.

Aunque alcanza a uno solo de los acusados por el crimen, para los familiares es una instancia terminante. Rosales recibió su sentencia en juicio oral a seis años y medio de prisión por homicidio culposo, figura que la Cámara Penal revalidó por mayoría. Ese fallo fue apelado por la querella ante el máximo tribunal que, en marzo del año pasado, no aprobó la figura de homicidio culposo y dictaminó que vuelva a la Cámara.

"Habiéndose individualizado a Rosales como autor de uno de los disparos mortales por recuperarse un proyectil de su arma en el cuerpo de la víctima, y alegándose que su conducta habría sido dolosa -no culposa-, estimo que las particularidades circunstancias del caso ameritan adentrarse a la consideración de la causa, a fin de agotar el análisis de los supuestos en que, como el presente, se invoca a la responsabilidad de agencias estatales",  suscribe uno de los párrafos del fallo emitido por la Corte Suprema santafesina.

Herrera tenía solo 23 años cuando le dispararon a mansalva mientras lavaba el auto en la puerta de su casa de barrio Tablada. Fue alcanzado por varios disparos de integrantes de la PAT, que se bajaron de un colectivo de la línea 133 para sumarse a la persecución que hacían miembros del Comando Radioeléctrico a un joven que había robado una juguetería  y ya estaba reducido cuando  ultimaron a Jonatan. 

Tras el juicio de 2017 fueron condenados los efectivos de la PAT Luis Sosa y Jonatan Gálvez a 3 años y 8 meses de cárcel por abuso de arma y a tres años de prisión fue sentenciado el agente Francisco Rodríguez. En cambio, Gladys Galindo, efectivo del Comando Radioeléctrico, fue absuelta en la causa por homicidio por falta de pruebas. Hoy todos están en libertad ante un fallo con el cual la familia no coincide y considera como “bochornoso”.

Como activista de la Multisectorial contra la Violencia Institucional, Julieta Herrera, hermana de la víctima calificó esta instancia judicial como una posibilidad de que Rosales, quien “fusiló a Jonatán y tuvo una condena vergonzosa pague por lo que hizo”, como corresponde.  “Esperemos que ahora los jueces estén a la altura para sancionar con una condena ejemplar  para que el Estado comience a reparar algo del daño que nos causó”, adujo.