Ruido y reclamo en Tribunales Federales: comenzó el juicio por el caso Franco Casco
El frente del edificio ubicado en Oroño al 900 amaneció con dos manifestaciones contrapuestas. La Multisectorial contra la Violencia Institucional y familiares de Franco Casco por un lado y por el otro los familiares de los 19 policías procesados
Este lunes comenzó el juicio oral en la Sala 2 del Tribunal Federal donde un total de 19 efectivos de la Policía de Santa Fe son juzgados por el asesinato, las torturas y la posterior desaparición del joven Franco Casco el 6 de octubre en la Comisaría 7ma de Rosario, cuyo cuerpo apareció tres semanas después flotando en el río Paraná.
Desde temprano en el bulevar Oroño al 900 se escucharon bombos y cánticos de las organizaciones de Derechos Humanos acompañando a la numerosa familia Casco, con banderas y remeras en reclamo de justicia al canto de "yo sabía que a Franco Casco lo mató la policía". La escena se complejizó cuando arribaron familiares de los efectivos procesados, quienes llevaron carteles de "Causa armada", "Rogamos justicia por los policías detenidos injustamente en el caso Casco".
En una calurosa jornada de primera audiencia se realizó una lectura de las diferentes instancias que pasó la causa, desde la investigación en un primer momento por la justicia provincial a cargo del fiscal Guillermo Apanowicz, hasta la elevación a juicio en 2019, y en la lectura de la causa se leyeron minutas de la querella de su requerimiento de elevación a juicio a los 19 policías, y se destacaron algunos de los testimonios más impactantes por parte de reclusos que vieron o escucharon a Franco Casco en la noche del 6 de octubre de 2014, que son sólo algunos de los alrededor de 200 testigos que participarán en las audiencias.
El principal acusado es el entonces comisario de la seccional 7ma, Diego Álvarez, y entre los altos rangos que también están en la causa, el abogado Guillermo Campana precisó a Rosarioplus.com que “el Oficial Principal Enrique Gianolla Rocha reclamó una ampliación de su declaración, que al momento no fue concedida, pero que pensamos se hará en algún momento”. A ellos se suman el Oficial Principal Cesar Acosta, el agente Esteban Daniel Silva, la agente Cecilia Contino, el cabo 1° Walter Eduardo Benítez, la agente Rocío Hernández, Guillermo Hernán Gysel, el agente Fernando Blanco, el sargento Marcelo Guerrero, la agente Cintia Greiner, la suboficial Elizabet González Belkis, el sargento ayudante Ramón Juárez, el cabo 1° Franco Zorzoli, la agente Romina Anahí Díaz, el suboficial Murua Rodolfo Jesús, el sargento Walter Daniel Ortiz, la agente Siscaro Pablo Andrés, y el agente Escobar Daniel Augusto.
La causa elevada al juicio conlleva diferentes responsabilidades entre privación ilegal de la libertad de Franco Ezequiel Casco, desaparición forzada agravada por la muerte de la víctima, encubrimiento negando información sobre las circunstancias de su detención, ocultamiento de su paradero y obstaculización de su búsqueda.
Una jornada caldeada
Campana destacó que Ramón Casco, padre de Franco, y Malvina, hermana del joven fallecido, fueron llevados a la sala de audiencias del TOF 1 “donde pudieron presenciar la audiencia, para que eviten la incomodidad de seguirla desde la sede de Tribunales Federales en la calle Entre Ríos 435, donde se dispuso reproducción de la audiencia para ellos y también para los familiares de los 19 imputados”.
Mientras ellos seguían con atención la audiencia por videoconferencia, en las afueras del Tribunal el resto de la familia permaneció acompañada por las organizaciones, demasiado cerca de los familiares de quienes están en el banquillo, y gracias a la mesura de ambos bandos, la incomodidad no pasó a mayores.
El representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación Santiago Bereciartúa reflexionó sobre el asunto en el bulevar: "Hoy no tendrían que haber estado familiares de los policías. Vinieron claramente porque la Multisectorial convocó a la sociedad, se entiende que quisieron contrarrestar la alta convocatoria. Tienen el derecho de estar, mientras no provoquen a los familiares de Franco. Lo hicieron para que haya otra campana en la puerta, pero tendrían que haber seguido la audiencia en calle Entre Ríos.7".
Los jueces de primera instancia a cargo de resolver tras las audiencias (que continuarán en febrero y marzo de 2022) son Otmar Paulucci, Eugenio Martínez Ferrero y Ricardo Vásquez, y en videoconferencia el juez Osvaldo Facciano.
El fiscal Fernando Arrigo se encuentra a cargo de las diferentes acusaciones, y se suman a ellas un total de cuatro querellas. Entre ellas están varios funcionarios de la Defensoría General de la Nación, en representación de Ramón Casco, el padre del joven. Se suman los abogados Guillermo Campana y Salvador Vera en representación de Malvina Godoy (hermana de Franco) y de Marta Lagraña, madre del hijo de Franco, Thiago quien tenía tres años cuando fue muerto su padre. También querella la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y el abogado Gabriel Ganón, ex defensor provincial, en representación de Maximiliano, otro de los hermanos de Franco.
La hipótesis de la Fiscalía Federal
La hipótesis es que Franco salió desde donde se encontraba alojado en Rosario hacia la Estación de Trenes Rosario Norte con la finalidad de regresar a Buenos Aires, a la casa familiar, el 6 de octubre de 2014 por la tarde. En los alrededores de la Estación habría sido apresado por efectivos de la Comisaria 7ma de la Policía de Santa Fe, sin conocerse las circunstancias de la detención. Según acreditó la investigación en la etapa de instrucción, el joven luego fue trasladado a la Comisaría 7ma, donde fue sometido a condiciones de detención ilegitimas en un "pequeño, oscuro y mugroso" espacio denominado "la Jaulita", donde el personal de la comisaria encerraba a los jóvenes que detenidos por averiguación de antecedentes. A partir del aporte de testimonios de otras personas detenidas se pudieron reconstruir golpes y fuertes gritos de auxilio del propio Casco. Luego "se hizo silencio absoluto y no volvieron a escuchar a la víctima, ni la vieron al día siguiente cuando recibieron visitas, lo que les llamó particularmente la atención".
Con la desaparición del joven frente a la búsqueda de paradero de la familia ocurrieron irregularidades por parte de los integrantes de la dependencia que quisieron ofrecer una versión alternativa para encubrir la desaparición forzada. Dichas maniobras de ocultamiento continuaron hasta el 30 de octubre, cuando la Prefectura Naval Argentina encontró el cuerpo sin vida de Casco.