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El juicio oral y público contra los once acusados por la catástrofe de Salta 2141 empezó este miércoles con el alegato de la fiscal Graciela Argüelles, quien pidió el máximo de pena posible -cinco años de prisión- para todos los imputados, menos para dos de ellos sobre los que desistió de acusar y consideró su sobreseimiento por falta de elementos probatorios.

En un clima de emoción imperante entre el público presente en la sala de audiencias, y otras personas afuera del Centro de Justicia Penal, la fiscal discurrió por media hora sobre lo que llamó "una concatenación de negligencias" para narrar los hechos previos que desembocaron en la fatídica fuga de gas y el inmediato estallido del 6 de agosto de 2013, a las 9:38 de la mañana. El abogado Luis Rossini, de la única familia querellante, la de Débora Gianángelo, coincidió en los postulados de Fiscalía y acompañó el pedido de penas de prisión efectiva. Solo que el querellante incluyó en su pedido a los dos imputados de los que Fiscalía desistió de acusar. 

La Fiscalía acusó entonces al gasista Osvaldo García, a su ayudante Pablo Miño con quien cambió el regulador de presión el día de la explosión, a los miembros de la administración del edificio Norma Bauer, Carlos Repupilli y Mariela Calvillo, a los reclamistas de Litoral Gas Guillermo Oller y Luis Curaba; a la gerenta técnica de la empresa, Viviana Leegstra y a Claudio Tonucci, jfe de mantenimiento de redes, por el delito de estrago culposo agravado. Los dos que zafaron de la acusación fiscal, pero no de la querella son el primer gasista que intervino, José Allala, y el inspector de Litoral Gas Gerardo Bolaños. 

En el centro de la sala destacan los 36 tomos que componen el grueso expediente de la investigación acumulada en estos casi seis años. Sobre ese caudal de pruebas recurrirán tanto los fiscales Argüelles, Miguel Moreno, Eugenia Iribarren y Valeria Piazza Iglesias, como el querellante y los defensores.

Antes de empezar, los defensores de Bauer y de Calvillo pidieron que se les permita seguir el juicio fuera de las audiencias por razones de salud.

Argüelles se remontó al reclamo de una vecina del 9º F a Litoral Gas, el 24 de julio de 2013, por falta de presión de gas, algo que averiaba su calefón. Allí empezó lo que definió como "concatenación de negligencias". Habló de la intervención de Bolaños, quien interrumpió el suministro. Contó que los administradores contrataron a Allala para una reparación. Que luego llegaron Curaba y Oller para supervisar el trabajo y que lo corroboraron y dijeron que no había pérdidas, hicieron firmar a un vecino y reconectaron el suministro al edificio. "Actuaron de manera anti reglamentaria", acusó la fiscal. Afirmó que esa conducta fue negligente porque "no pidieron informes al gasista que trabajó, ni revisaron las instalaciones. Ese fue el punto de partida", enfatizó.

También cuestionó la falta de chequeo y revisión de Litoral Gas sobre las instalaciones de los edificios más antiguos cuando se hizo cargo de la concesión del servicio, en 1990.

Responsabilizó a Leegstra y a Tonucci por no haber controlado y capacitado de manera debida a los reclamistas.

Argüelles reconstruyó que luego de aquella reparación, se sucedieron muchos reclamos de otros vecinos del consorcio por escasa presión de gas. Adelantó que pondrá como prueba los varios emails de reclamos y consultas de los vecinos que los administradores no respondieron.

Los administradores contrataron entonces a García y los reunió con los propietarios el 2 de agosto para concertar la reparación a realizar. "Es una boludez, cambio el regulador y listo", habría dicho el gasista, según los consorcistas sobrevivientes le contaron a la fiscal Argüelles y al abogado Rossini.

Lo que siguió fue la catástrofe mayor que ha conocido esta ciudad, y que se ventilará a lo largo de un mes y medio aproximadamente.