Si bien el propio gobernador Miguel Lifschitz el miércoles por la tarde anunció que el acuerdo para el arribo de fuerzas federales estaba definido, lo cierto es que aún no hay nada cerrado por diferencias en la injerencia de la Nación en el territorio santafesino. Es que desde la cartera de seguridad plantean como exigencia que funcionarios nacionales monitoreen la policía provincial, algo ante lo que no quiere ceder la Casa Gris.

Al revisar punto por punto el convenio, el entendimiento se trabó en el punto que preveía generar discordia: el control operacional de la policía. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, agregó un punto que no se había acordado, según dijo el socialismo, pero que ya se venía analizando para aplicar y que respondía, más allá de las palabras utilizadas, a una virtual intervención de la fuerza.

Se trata de la intención de Nación de realizar auditorías, evaluaciones y controles sobre la policía santafesina, más precisamente en comisarías, operativos, investigaciones realizadas por el personal policial y resultados de las mismas, y hasta en el área de Asuntos Internos. Desde el gobierno dijeron en medios locales que constitucionalmente es inaplicable y rechazaron lo expuesto.

El apuro del gobierno provincial por cerrar la llegada de gendarmes respondía a la urgencia por el recrudecimiento de la violencia y el reclamo popular, pero Bullrich avanzó sobre lo que no querían desde el socialismo: un recio control sobre la policía y sobre las comunicaciones para saber cómo actúan,

Por la tarde del miércoles, Lifschitz había anunciado que el acuerdo estaba cerrado desde el lunes a última hora, aunque no aclaró cuantos gendarmes llegarían a la ciudad. Más temprano, el secretario de Seguridad nacional, Eugenio Burzaco, insistió en un acuerdo que vaya al problema de fondo que es el crimen organizado “más que plantear una cuestión numérica”. En los próximos días seguirán las reuniones para definir el refuerzo.